el bullerengue emerge como un símbolo de resistencia y autenticidad cultural. Este género musical y danza, ejecutado principalmente por los descendientes de los cimarrones que habitaron San Basilio de Palenque, se considera una joya de la herencia afrocolombiana. Originaria de las zonas aledañas al Canal del Dique, cerca de Cartagena. Principalmente en la zona de Barú. El bullerengue se habría difundido entonces hacia los territorios de Córdoba, Sucre y posteriormente hasta Urabá a través de migraciones. El bullerengue, con sus raíces en los poblados constituidos por negros que huían de la esclavitud, se caracteriza por su danza cantada, en la que exclusivamente mujeres participan. En sus inicios, los esclavos fugados empleaban tambores hembra y llamador, utilizando la bulla de tambores y palmas como una forma de celebrar su libertad y resistencia. Esta tradición permaneció en gran parte oculta durante más de un siglo. No fue sino hasta las últimas cuatro décadas que el bullerengue comenzó a recibir la atención y valoración que merece. De ser una práctica cultural marginal, ha emergido como un producto cultural de exportación, reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional. Su interpretación, en gran medida preservada por mujeres mayores a través de la tradición oral, destaca la importancia del papel femenino en la conservación de esta forma musical ancestral. El bullerengue, nacido de las represiones sufridas por los esclavos, refleja un profundo relato de resistencia y resiliencia. Durante la época de la esclavitud a las mujeres solo se les permitía hacer música en ausencia de hombres, lo que posiblemente contribuyó a la creación de una forma musical genuinamente femenina. Esta característica única del bullerengue no solo celebra su herencia cultural, sino que también ofrece una narrativa rica de sucesos personales, culturales y sociales. Hoy en día, el bullerengue no solo preserva la memoria histórica de sus ancestros, sino que también continúa evolucionando como una expresión artística que honra la libertad, la identidad y la resistencia de la comunidad afrocolombiana. Su reconocimiento creciente subraya la importancia de valorar y preservar las tradiciones culturales que dan forma a la identidad de una región y un pueblo.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.