A nivel global, se vive el temor por la llegada de un nuevo tipo de amenaza tecnológica: el uso de drones con fines criminales. Esto es resultado de los innegables avances tecnológicos en la industria de los drones, que han significado aplicaciones no solo en el Sector Defensa, sino en otros campos, como la industria cinematográfica, agrícola, y catastral, entre otras. Pero lo preocupante es que estos mismos avances están siendo aprovechados por quienes buscan infligir daño, incluso en situaciones de guerra como la de Ucrania, Irán, Israel, Palestina, Rusia, y en donde ambos bandos han utilizado drones. Parte de su éxito para soportar la avanzada rusa se debe al uso aeronaves no tripuladas (UAS). Localmente, ya se habla de un incremento en el uso de drones para realizar ataques. En días pasados el comandante General de las Fuerzas Militares se dirigió a sus tropas con un contundente mensaje: hay que prepararse ante posibles ataques con drones. Es por ello fundamental establecer protocolos y medidas preventivas para mitigar los riesgos asociados al empleo de drones por parte de estructuras criminales. ¿Cómo hacerle frente a esta nueva estrategia de guerra? Luis Guillermo Sandoval, CEO de BANSAT, empresa colombiana de telecomunicaciones y tecnología, resalta que en el mundo ya existen múltiples métodos de detección y neutralización/mitigación de los drones que se manifiestan como una amenaza. Los desarrollos son numerosos y se equiparan al ingenio de los atacantes, con lo cual se puede tener una parte de tranquilidad de que las herramientas frente a este peligro ya existen. Un sistema contra drones puede dividirse en dos segmentos: la detección y la neutralización. El primero, es la conciencia de una aeronave no tripulada volando en espacio restringido, los mecanismos se dividen en radares, sensores de RF que perciben la señal entre el dron y el control remoto, detección óptica (cámaras), e incluso sensores acústicos. El segundo segmento, que depende del primero (en la mayoría de los casos), incluye mecanismos que interfieren algún tipo de señal usada por el dron, desde inhibir la señal que lo controla, hasta buscar dañar su sistema de posicionamiento por GPS. Todos estos son medios no mecánicos, mientras que, dentro de los mecánicos, las alternativas son drones con redes, armamento convencional (balas, misiles) y armamento sofisticado como láseres y sistemas de energía dirigida (DEW por sus siglas en inglés). Cada solución tiene sus ventajas y desventajas, pero definitivamente los factores que se deben tener en cuenta son el nivel de efectividad, frente a la amplia variedad de drones y por supuesto, el costo. En este sentido, la desventaja es muy grande, pues esta situación surge de lo económico que resulta convertir un dron, ya de por sí barato, en un arma letal; el desbalance entre amenaza y mecanismos de defensa, desde la perspectiva económica, es desafortunadamente enorme. Al mismo tiempo, la infraestructura que está en riesgo y el peligro para las personas es de valor incalculable. La lista de escenarios donde un sistema contra drones puede ser útil es extensa e incluye también los drones recreativos y aquellos usos que no necesariamente buscan infligir daño. Los aeropuertos encabezan la lista. Este año 2024 ya se reportan varios incidentes y en el último mes se evitó por muy poco una colisión de un jet comercial con un dron. Los sistemas ya son empleados también en fronteras, centros penitenciarios y para proteger infraestructura crítica como grandes complejos de energía. Como en diferentes ámbitos, un impulsador de la tecnología contradrones ha sido la integración de sistemas de IA (Inteligencia Artificial). Sandoval resalta que las diferentes tecnologías han sido probadas y funcionan en otros países de forma eficiente, lo que encaja con las palabras del comandante de las Fuerzas Militares, cuando advierte que deben prepararse para enfrentar ataques con drones. Los sistemas contradrones se convierten en una herramienta esencial para detectar y neutralizar amenazas, lo que va en línea con la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional.

Desde el 2023, el Ministerio del Trabajo, colocó en marcha la reducción en la jornada laboral, que tal como comenzó el 15 de julio, pasando de 48 a 47 horas de ese mismo año. El pasado año la jornada pasó a 46 horas. En ese mismo sentido, en el 2025, se establece que quedará establecida en las 44 horas semanales.  El proyecto, que ya lleva tres años en vigencia, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en el cual se prevé que, en el 2026, la jornada quedará en 42 horas semanales.  Es de precisar que, durante el presente año, en un mes típico de 30 días, un trabajador trabajará 176 horas y podrán ser distribuidas de manera consensuada entre el empleador y el empleado. Por ejemplo: 8 horas de lunes a viernes y 4 horas. La ley permite que el empleador y el empleado acuerden como la distribución las horas laborales dentro del límite semanal. Si tal medida se excede, el empleador deberá hacer el respectivo pago de las horas extras.  Dentro de los beneficios que se buscan con esta medida, se busca que el empleador puedan gozar de buena salud mental, más tiempo de recuperación y descanso, un mejor balance entre la vida laboral y personal, disminución de la ansiedad, aumento de la motivación y la productividad, mayor actividad física y autocuidado y reducción de conflictos familiares.