Wilson Gaviria Gómez, de 19 años, fue asesinado el día de ayer en el barrio La Consolata, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de la barra del Real Cartagena en la última semana. El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:30 p.m. cuando Gaviria caminaba por la calle 12 del barrio La consolata. Según testigos, dos hombres en una motocicleta abordaron al joven. El parrillero disparó a quemarropa al menos cuatro veces sin intercambiar palabra alguna. La Policía Metropolitana de Cartagena indicó que el joven no tenía antecedentes reportados. Wilson Gaviria, conocido en redes sociales como ‘Jone Quest Lindelof’, era un ferviente miembro de “Aguante 99″ barra del Real Cartagena. El caso está siendo investigado por las autoridades locales para esclarecer los motivos detrás del asesinato.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.