Este lunes 21 de octubre de 2024, la Policía y la Fiscalía de Colombia llevaron a cabo una operación que resultó en la captura de cuatro personas, incluyendo funcionarios de la Gobernación de San Andrés, involucrados en una red de tráfico de migrantes. Esta organización criminal transnacional se dedicaba al movimiento ilegal de ciudadanos vietnamitas, quienes eran transportados desde Medellín hasta la isla de San Andrés y luego hacia Nicaragua. Según las investigaciones, la red ofrecía rutas migratorias aéreas a migrantes asiáticos que ingresaban irregularmente a Colombia, cobrando entre 2,000 y 2,500 dólares por cada persona, donde los traficantes facilitaban la llegada y salida desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, eludiendo controles migratorios. Entre los capturados se encuentran alias Natasha, quien lideraba la organización y era funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Andrés, así como alias Gordo, su pareja, encargado de transportar a los migrantes por mar. También fue arrestado el hermano de Natasha, conocido como Sergey que, de momento se desconoce su rol específico. Por lo anterior, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, donde un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los involucrados, reconociendo la gravedad de sus delitos.

Tras los   constantes problemas de energía eléctrica, gas, alcantarillado, y otros, el Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos se pronunció.  “Hemos planteado que la prestación de los servicios públicos domiciliarios tenga una función social, que haya participación y se establezcan normas que nos vuelvan a hacer usuarios y no clientes. Hoy estamos gastando más en servicios que en comida”, mencionó Román Torres, integrante de esta comisión. Según se conoce, buscan establecer mesas de trabajo con cada una de las empresas prestadoras de servicios y comenzar a hacer propuestas frente a las inconformidades que tienen los cartageneros. En cuanto al servicio de energía, los usuarios afirman que se les estaría cobrando deudas que tenían con la antigua empresa Electricaribe. Aseguran que el problema con este servicio va más allá y  que realmente pasa por las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y privatización del servicio. Piden claridad en las revisiones periódicas y puntos de atención al usuario.