El pasado 15 de noviembre, un fallo del Juzgado 13 Administrativo de Cartagena autorizó al Distrito intervenir directamente en 58 casas en estado de deterioro en el Centro Histórico de la ciudad, luego de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay tras casos de colapso que se presentaron durante el 2024. El mandatario, a través del Decreto 1975 del 30 de diciembre de 2024, delegó facultades a la Dirección de Control Urbano para ordenar intervenciones de primeros auxilios en balcones, tejados y fachadas de los inmuebles. Por su parte, la Dirección de Control Urbano inició una jornada de intervenciones en 21 de 58 inmuebles en riesgo. Con todo lo anterior y con el Decreto 1975 se estableció cómo se interviene y cómo se le va a cobrar a los propietarios todas las obras que el Distrito realice tras la medida preventiva que ha conseguido el juez, según explicó Emilio Molina. La Secretaría de Hacienda, por medio de la Tesorería Distrital, será la dependencia que realice el cobro coactivo de las intervenciones correspondientes, y así recuperar los costos asociados a las obras. Hacienda para activar el cobro debe recibir un informe detallado de Apoyo Logístico sobre las obras de primeros auxilios, y mediante acto administrativo se determinará la obligación de pago del propietario o poseedor del inmueble intervenido.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.

La Alcaldía de Cartagena se encuentra estudiando la actividad de parqueaderos en el Corredor de Carga para prevenir posibles dificultades en la movilidad de ese sector, una vez iniciada las obras de rehabilitación de esta vía. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que tras la revisión de los estacionamientos de este sector, no descartó revocar permisos a quienes estén provocando trancones por la entrada y salida de camiones en la zona industrial. «Todos esos parqueaderos los vamos a someter a investigación y a través de control urbano por su mal comportamiento, ya estamos pensando en esos lotes para que no puedan funcionar; porque lo lógico es que el parqueo de esos vehículos de carga, sea a las afueras de la ciudad”, señaló el mandatario. Consultado ante la posibilidad de instaurar peajes en algún punto de la ciudad, Turbay descartó que desde la Alcaldía se utilice este mecanismo como medio de financiación y recaudo.Fuente: Caracol Radio.