La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

Por el buen desempeño de Aguas de Cartagena, la empresa calificadora reconoce su capacidad para asegurar la continuidad de las operaciones y las inversiones planeadas con el fin de impulsar su desarrollo sostenible. Fitch Ratings considera la posición sólida y competitiva de la compañía, la generación operativa y de flujo de caja que se benefician de la naturaleza regulada de las tarifas, lo cual brinda visibilidad y estabilidad a los flujos, permitiendo la ejecución oportuna de las inversiones, que se reflejan en la mejora de indicadores operativos, beneficiando los márgenes de rentabilidad a futuro. La agencia también consideró que los riesgos de refinanciación son bajos y resalta que cuenta con cupos de crédito disponibles no comprometidos. El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya, se mostró complacido y aseguró que esta calificación es sin duda el reflejo del trabajo en equipo de toda la organización, que consolida a la empresa como confiable y preparada para fortalecer su infraestructura y continuar impulsando las inversiones necesarias. La calificadora destacó así mismo a Aguas de Cartagena al sobresalir por ser la única empresa en tener la capacidad de tratar prácticamente el 100% de las aguas residuales, por contar con una eficiencia de recaudo del 93% y por su posición de liquidez adecuada y soportada por la fortaleza de su generación operativa.