En una operación técnica realizada en la zona rural de Hatillo de Loba, Bolívar, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó seis transformadores ilegales y más de 1,2 kilómetros de redes clandestinas usadas para alimentar minas de oro. Estas conexiones fraudulentas generaban pérdidas mensuales superiores a 76 millones de pesos, equivalentes al consumo promedio de 700 hogares. Los transformadores, de diferentes capacidades (112,5 kVA, 75 kVA y 45 kVA), no estaban registrados en la empresa y eran destinados exclusivamente a la actividad minera. Durante la inspección también se identificó una mina conectada por baja tensión, con planes de instalar un nuevo transformador ilegal. Afinia advirtió que este tipo de conexiones, además de representar un delito, ponen en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y afectan la calidad del servicio para los usuarios legales. La empresa reiteró su llamado a la comunidad a denunciar el fraude energético a través de la línea 115, la Afiniapp, la Línea Ética 0180005222955 o la Policía Nacional (123).

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.