María Corina Machado, nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, es una de las figuras más prominentes y polémicas de la política venezolana contemporánea. Divorciada y madre de tres hijos, Machado se destaca por su firme postura opositora al régimen chavista y su liderazgo en el movimiento Vente Venezuela. Su salto a la fama ocurrió en 2002 cuando cofundó la ONG Súmate, buscando mejorar la transparencia electoral en Venezuela. Este esfuerzo la llevó a liderar un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. Su fuerte retórica y acciones la llevaron a ser apodada “la dama de hierro” de Venezuela, en alusión a Margaret Thatcher. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por conflictos con el chavismo, incluyendo su famosa foto con el expresidente estadounidense George W. Bush y su presencia en el Palacio de Miraflores durante el fallido golpe de Estado de 2002. En 2010, Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, y en 2012 fundó el movimiento político Vente Venezuela, del cual sigue siendo la líder. Su influencia y capacidad para movilizar a los votantes fueron evidentes en octubre de 2023, cuando obtuvo el 93% de los votos en las internas de la Plataforma Unitaria Democrática. No obstante, el 5 de marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó su inhabilitación para competir en las elecciones presidenciales de ese año. A pesar de las restricciones, Machado ha demostrado ser una estratega política hábil. Ha reducido el tono confrontacional de su discurso y se ha enfocado en movilizar a los votantes, incluso en el exterior, a través de los “comanditos antichavistas”. Su capacidad para mantenerse relevante y efectiva en la arena política subraya su rol central en la oposición venezolana y su continuo desafío al régimen de Nicolás Maduro.

En #Cartagena a corte del 16 de noviembre se registran 4.237 casos de #dengue, así lo indicó el Departamento Distrital de Salud (Dadis). Teniendo en cuenta los casos de que se presentaron el año pasado esta cifra aumentó un 15 %, pasando de 76,5% a 91,5%.  De acuerdo con los registros que muestran la propagación de este #virus, no había una cifra similar desde el año 2021. Algunos síntomas que arroja el dengue, si es el caso de los síntomas leves son la fiebre, dolor en los huesos, brotes, falta de apetitos, entre otros. En casos más severos, se manifiesta con dolor abdominal, decaimiento, sangrado por las mucosas. Dentro de los barrios que se reportan en el cerco epidemiólogo se encuentran Olaya Herrera (428), El Pozón (243), Nelson Mandela (140), La Candelaria (132), Ciudad del Bicentenario (119), Pasacaballos (103), Bayunca (93), La María (84), Nuevo Bosque (78) y San Fernando (75). El Dadis indicó que 2904 casos responden a ser leves (68,5%), 1.261 tiene signos de alarma (29,8%) y, por último, 72 casos son de dengue grave (1,7%).

Hoy, jueves 21 de noviembre, los habitantes de Turbaco y las poblaciones cercanas amanecieron con preocupación debido al vencimiento de la resolución del Ministerio de Transporte que suspendía temporalmente el cobro del peaje en el municipio. Según lo estipulado en la medida, hasta el día de hoy, los vehículos de categorías I y II estaban exentos de pagar por circular por la vía que conecta a Turbaco con Cartagena, lo que había generado alivio en los habitantes de la región, quienes históricamente han protestado por los altos costos de este peaje. A pesar de la suspensión temporal, el futuro de la medida sigue siendo incierto. Los turbaqueros, quienes han manifestado su descontento en diversas ocasiones por lo que consideran una carga económica injusta, esperan con expectativa un pronunciamiento del Ministerio de Transporte. Se prevé que en las próximas horas el Ministerio emita una nueva ql la exoneración del pago o reanudando los cobros en la zona. Sin embargo, los habitantes de Turbaco han dejado claro que, si no se toma una decisión favorable, no dudarán en retomar las protestas. En ocasiones anteriores, han protagonizado bloqueos y tomas de las casetas de peaje como medida de presión para exigir la eliminación o reducción del cobro. 

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.