Desde el próximo 10 de marzo, la Alcaldía de Montería establecerá Zonas de Establecimiento Regulado (ZER), esto, con el fin del buen aprovechamiento de lugares de tránsito que se utilizan mayormente como parqueadero. El proyecto, que ha sido puesto en marcha por la empresa Nuestro Espacio, no ha requerido recursos municipales para su implementación. Estas ZER, amparadas bajo la ley 1753 del 2015 y modificadas por la ley 2294 de 2023, le permiten a los organismos territoriales esclarecer contribuciones por el servicio del estacionamiento en vía, que, como principal fin, buscan ser invertidos para la sostenibilidad y calidad del transporte. Hablando de Montería, el 22% de este recaudo bruto, será destinado al Sistema Estratégico de Transporte Público.  Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, habló de los beneficios que traerá la implementación de este sistema en la Tierra de Ensueño. Entre los puntos altos se encuentran: mejoramiento de la movilidad y la seguridad, parque rotativo, organización del espacio público, reducción de emisiones de gases contaminantes y la generación de más de 50 empleos. Lo horarios en que se prevé que opera esta normativa es: •De lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. •sábados: 8:00 a. m. a 2:00 p.m.  Dentro de la fracciones de cobro se han dictaminado las siguientes:: •Primeros 30 minutos o fracción: $3.100 (carros) $1.200 (motos) •Primera hora o fracción: $4.700 (carros) y $1.600 (motos) •Fracción a adicional de 15 minutos, a partir de la primera hora, $1.200 (carros) y $400 (motos).

Las organizaciones de usuarios de servicios públicos de la región Caribe hicieron un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para evitar una posible crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Afinia. En una carta enviada al mandatario, las organizaciones expresaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, especialmente en lo referente al pago de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Según la misiva, la deuda del Gobierno Nacional con Afinia supera los 1.6 billones de pesos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa y su capacidad de seguir prestando el servicio. Los voceros de las organizaciones resaltaron que la región Caribe enfrenta una de las tarifas más altas del país, lo que aumenta la carga económica para las familias, cuyo poder adquisitivo no crece al mismo ritmo que sus facturas. En este contexto, insisten en la urgencia de garantizar un servicio de calidad a precios justos y accesibles. “El Gobierno tenía pleno conocimiento de las dificultades para tramitar esta ley en el Congreso y no podía subordinar su compromiso a condiciones políticas. Exigimos que se adopte de inmediato un mecanismo legal que permita cumplir con el pago de la opción tarifaria”, señalaron los voceros. Por último, Instaron al Gobierno Nacional a priorizar este tema en su agenda y a tomar las medidas necesarias para evitar que los usuarios de la región Caribe se vean afectados por la falta de un servicio esencial como la energía eléctrica.