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Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

El Gobierno de Colombia, a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ha entregado 311 obras de infraestructura social y comunitaria en los dos primeros años de la administración del presidente Gustavo Petro. Estas iniciativas, distribuidas en 304 municipios de 24 departamentos, buscan mejorar las condiciones de vida y promover la inclusión social y productiva de más de un millón de personas. Inversiones realizadas El DPS ha destinado aproximadamente 559.000 millones de pesos a la construcción y mejora de estas infraestructuras. Las obras incluyen: Estas construcciones han contado con la participación activa de las comunidades beneficiadas, lo que ha permitido adaptar los proyectos a las necesidades específicas de cada región. Plaza de Mercado en Arboletes, obra número 300 Una de las obras más destacadas es la nueva Plaza de Mercado Antioquia, inaugurada en el municipio de Arboletes, Antioquia. Este proyecto, financiado completamente por Prosperidad Social con una inversión cercana a los 6.674 millones de pesos, representa un avance significativo para el comercio local. La plaza cuenta con 92 locales distribuidos en dos niveles y está diseñada para generar empleo directo para más de 1.000 personas, beneficiando indirectamente a alrededor de 5.000 habitantes de la región. Además, esta obra busca dinamizar la economía local al proporcionar un espacio moderno y funcional para los comerciantes y consumidores. Impacto social y comunitario El objetivo de estas iniciativas es reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y fortalecer las oportunidades económicas en las comunidades más vulnerables del país. Las obras entregadas no solo mejoran la infraestructura física, sino que también impulsan la generación de empleo y el acceso a servicios esenciales. Perspectivas a futuro El DPS continúa trabajando en la identificación, diseño y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de Colombia. Según Gustavo Bolívar, director del DPS, la prioridad es garantizar que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y transparente para maximizar su impacto en las comunidades. Estas obras son parte del compromiso del Gobierno Nacional con el cierre de brechas sociales y económicas en el país, una tarea que, según las autoridades, seguirá siendo prioritaria en los próximos años.