Atención: Alcaldía de Cartagena cierra definitivamente conocida discoteca en el Centro Histórico: contradecía el uso del suelo y normativa vigente. De acuerdo con la información suministrada, el Distrito cuenta con pruebas recaudadas dentro del procedimiento, que permitieron establecer que la actividad desarrollada en el establecimiento Omnia y destinada en el inmueble contradecían el uso del suelo, para lo que debían contar con las licencias urbanísticas necesarias que permitieran su ejecución. 🗣️ “El cierre de este establecimiento hace parte de los estrictos controles que hemos hecho desde el día uno en esta administración y es coherente con la visión del turismo que promovemos, un turismo sostenible y familiar. Gracias al proceso policivo pudimos cerrar de una vez por todas este sitio”, expuso Bruno Hernández, Secretario de Interior y quien lideró el operativo junto a la Policía Metropolitana. Por su parte, el director de Control Urbano, Emilio Molina aseguró: “con esta decisión, reafirmamos nuestro compromiso de proteger la esencia del Centro Histórico como un espacio de convivencia armónica, atractivo turístico y patrimonio de todos los cartageneros”.

¿Un año después podría haber un ajuste en la cuota del Concejo de Cartagena? Veedor Henry Keep demandó la elección del concejal electo Rafael Meza solicitando que se declare la inhabilidad de dicha elección, así mismo, la nulidad del acto administrativo que da fe de tal elección puedo que habría un conflicto de intereses por un vínculo de parentesco en primer grado. Esto, se debería a que el esposo de su hija, identificado como Rudy Joel Nieto, habría ejercido autoridad política y administrativa en el Departamento de Bolívar desempeñando el cargo de Director Administrativo. Luego de lo conocido, el Magistrado José Rafael Guerrero Leal se aparta de la decisión de la sala quienes negaron lo expuesto anteriormente por el veedor. El magistrado Guerrero consideró que el señor Nieto, atendiendo lo expuesto en el Decreto 488 del 7 de diciembre de 2020, desempeñó su cargo hasta el 31 de diciembre de 2023, ostentando así la calidad de autoridad administrativa. La decisión final estará en manos del Consejo de Estado, quien adoptará alguna de las dos tesis planteadas por la sala del Tribunal de Bolívar.