Transcaribe, empresa de transporte masivo de la ciudad de Cartagena, convoca a más de 30 propietarios de vehículos de Transporte Público Colectivo (TPC)  que ha sido incluidos en el proceso de reconocimiento económico por desintegración física de sus vehículos que se reactivó en septiembre del 2023, que no han hecho entrega de la documentación necesario o no manifiestan su intención de seguir en el proceso. Por ello, la empresa ha dado un plazo de treinta días para que los propietarios puedan tomar o no la decisión de seguir con el proceso de incentivo económico. Este llamado se realiza a través de la solicitud del oficio TC-DO-07.01-00157-25, de referencia a «Solicitud de prestación de documentación o manifestación de voluntad en el proceso de reconocimiento económico por desintegración física», publicado en la página web de Transcaribe.  En el entendido que el proceso se reactivó el proceso, Transcaribe a corte del 21 de enero activa un plazo de 30 días para que dichos propietarios manifiesten su postura en este proceso de chatarrización. En caso dado de recibir respuesta en el correo estipulado por Transcaribe: fudo@transcaribe.gov.co se procederá a la liberación de los recursos comprometidos.  Las placas de cuyos propietarios no se ha recibido comunicación alguna, y que tendrán plazo de 30 días para responder, son las siguientes: SEK985, SPI194, SPI230, SRR654, TES169, TTB277, UAF562, UAH180, UAI308, UAK211, UAK234, UAK477, UAL261, UAL679, UAM187, UAM191, UAM796, UAN039, UAN586, UAN869, UAO047, UAP899, UAQ054, UAQ455, UAQ647, UAQ671, UAR029, UAR943, UVQ593, UVS622, UVU531, UVV211, UVX595, UYN402, WGM478, XLL214.

¿Un año después podría haber un ajuste en la cuota del Concejo de Cartagena? Veedor Henry Keep demandó la elección del concejal electo Rafael Meza solicitando que se declare la inhabilidad de dicha elección, así mismo, la nulidad del acto administrativo que da fe de tal elección puedo que habría un conflicto de intereses por un vínculo de parentesco en primer grado. Esto, se debería a que el esposo de su hija, identificado como Rudy Joel Nieto, habría ejercido autoridad política y administrativa en el Departamento de Bolívar desempeñando el cargo de Director Administrativo. Luego de lo conocido, el Magistrado José Rafael Guerrero Leal se aparta de la decisión de la sala quienes negaron lo expuesto anteriormente por el veedor. El magistrado Guerrero consideró que el señor Nieto, atendiendo lo expuesto en el Decreto 488 del 7 de diciembre de 2020, desempeñó su cargo hasta el 31 de diciembre de 2023, ostentando así la calidad de autoridad administrativa. La decisión final estará en manos del Consejo de Estado, quien adoptará alguna de las dos tesis planteadas por la sala del Tribunal de Bolívar.