La Gobernación de Bolívar, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena, celebrará el IX Congreso Internacional de Derecho Empresarial y Arbitral el próximo 10 de octubre en el Palacio de la Proclamación. Este evento académico se enfocará en tres ejes principales: justicia en el territorio, fortalecimiento de la competitividad empresarial y construcción de paz, buscando mejorar el acceso a la justicia en Bolívar mediante mecanismos como la conciliación, mediación y arbitraje. El congreso contará con la participación de destacados juristas, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, quienes discutirán la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos. Estos mecanismos, además de descongestionar el sistema judicial, promueven la paz en los territorios y fortalecen el entorno empresarial, aportando soluciones eficientes y sostenibles. César Alvarado Barreto, Director de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, destacó la importancia de este encuentro para el desarrollo de la región: «Estamos comprometidos con la creación de territorios de paz y la promoción de una cultura de resolución de conflictos que impacte positivamente la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible de Bolívar».

En el Centro Histórico de Cartagena, se encuentra una calle que guarda siglos de historia y tradición, la calle el tablón, una vía trazada por el conquistador español Juan de Vadillo, destacado por su inusual diseño rectilíneo, teniendo en cuenta el contrastado en las torcidas calles de la época colonial. El origen de su nombre sigue siendo objeto de debate. Algunas fuentes indican que la calle recibió su denominación debido a un largo tablón que se colocaba para que los transeúntes pudieran cruzar durante las inundaciones provocadas por los aguaceros. Más que una simple vía, un símbolo del legado colonial y evolución en Cartagena. A lo largo de los años, la Calle del Tablón también ha sido conocida como la calle de Nuestra Señora de Valle y la calle de la Imprenta, en honor a la primera imprenta de Cartagena, instalada en 1772 durante el mandato de don Fernando Morillo Velarde. Pese a intentos por cambiar su nombre, como en 1918 cuando se propuso rebautizarla en honor al arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe, la denominación original prevaleció en la memoria popular. Otras fuentes afirman que el nombre se debe a que en una casa de estas calles murió la primera víctima de una epidemia que azotó a la ciudad en el año 1876 y que el vulgo denominó la epidemia del tablón. En sus primeras casas vivieron figuras prominentes como el Coronel Manuel González Carazo, presidente del Estado de Bolívar, y el distinguido José Araujo, la ingeniería de la época, fruto del talento de ingenieros españoles y maestros criollos, reflejados en la estructura y diseño de esta calle, que con el paso del tiempo se mantiene como un testimonio vivo de la historia cartagenera.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.