Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones. Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones.

Atención: la Brigada Especializada en Control de Pérdidas y Fraudes de Aguas de Cartagena detectó hurto en su más reciente operativo y anuló conexiones irregulares en más de 15 predios ubicados en la entrada del conjunto residencial Terrazas de Calicanto, que incluían viviendas construidas y habitadas, así como otras en proceso de construcción. De acuerdo con la empresa, estas conexiones ilegales generaron una defraudación de 29.700 m³ de agua, lo que equivale a $85.631.172. Así mismo, detectaron un lavadero ilegal en La Consolata donde una conexión ilegal permitió el uso no autorizado del servicio. La inspección reveló una defraudación de 712 m³ de agua, equivalente a $3.307.120. Aguas de Cartagena condena estas prácticas y advierte que adoptará las medidas legales correspondientes para sancionar a los responsables. La defraudación de fluidos es un delito que puede conllevar penas entre 16 y 72 meses de prisión, además de multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, según el Código Penal colombiano.