El turismo del futuro

Por José Laguado

Director Smartfutures, Coach Futurista.

Además de la cuarentena, el turismo cartagenero está en riesgo. Limitadas son las historias que tengo de un servicio extraordinario en mi ciudad. Pienso en Farid y Jorge, los mejores cocteleros en las playas de Castillo. O en Euclides y en uno de sus numerosos hijos, David, como carperos de toda la vida para mi familia. Aunque los apoyemos, nada volverá a ser igual ante las aperturas graduales y progresivas.

Por eso, en circunstancias atípicas y desconocidas, son insuficiente las soluciones tradicionales. Basta ya de bandejas de pescado a $100.000, una buena cantidad apilable de basura y la contaminación audiovisual en el centro histórico. El momento avanzar hacia un nuevo modelo de turismo, es ¡ahora! Requerimos con urgencia un modelo innovador donde exista un reconocimiento universal y del cual, locales y foráneos, nos sintamos orgullosos, nos apropiemos de ello. Ha llegado el momento de verdaderamente convertirnos en un Destino Turístico Inteligente (Smartdestination).

¿Qué es eso? Preguntarán algunos. Hay quienes lo abordan como un destino que facilita productos, servicios, espacios y experiencias turísticas y de hospitalidad mediante herramientas tecnológicas. Si profundizamos en la idea, un Smart Destination (destino turístico inteligente), es un destino turístico revalorizado,  competitivo y ecosistémico que trabaja, no sólo en pos de aumentar la calidad de la experiencia del visitante, sino también en aumentar la calidad de vida de la población residente. Y eso hace una gran diferencia en la manera en cómo observamos y nos relacionamos con el turismo y la ciudad.

En teoría, ¡chévere!, y ahora, ¿Para qué sirve? Además de garantizar la competitividad del territorio como destino turístico, reparte los beneficios en la mayor cantidad posible de habitantes, no en forma de dinero en efectivo de inmediato, sino, en contratos laborales estables y de largo plazo, en flujo de visitantes permanentes, en mejora de infraestructura turística como nuevos hoteles, plazas, restaurantes, servicios logísticos, sistemas alternativos y masivos de transporte; finalmente, desarrolla el tejido empresarial de servicios secundarios de producción y distribución alrededor de las actividades turísticas: el guía, el taxista, el aguatero, el paletero, los dulceros, los libreros, la señora de los fritos; creo que me entienden la idea.

Y casi que de inmediato surge la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Sencillo… y complejo en simultánea. Como ciudadanos y territorio requerimos resetear nuestros modelos mentales para desarrollar lo que llamamos Inteligencia Turística. Esto es, la convergencia de 4 aspectos fundamentales que sirven para pensar alrededor de intereses COMÚNES.

Dicho de otra manera, para integrar decisiones desde un contexto de territorio, no de políticas transitorias o coyunturales, donde tú y yo podemos ser protagonistas de la transformación social. Por ejemplo, hay que erradicar la “pruebita del masaje o las ostras” para luego cobrar $50.000. Hay que incrementar las experiencias de servicio diferenciadas que agregan valor en turismo cultural, turismo rural, playaturismo, turismo gastronómico, turismo de relax, turismo vacacional, turismo de reuniones, turismo náutico, turismo musical, turismo médico, entre muchos otros.

Mientras articulamos todo eso, sigamos pensando en cómo multiplicar las exitosas experiencias de Farid, Jorge, Euclides y David y en cómo transformar las ideas preconcebidas de la gestión y operación turística en #LaCartagenaDelFuturo

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“No utilizamos la vía y aún así nos ponen una carga económica» presidentes de la JAC se oponen a cobro de valorización

La reciente implementación del cobro de valorización por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la Resolución 3856 de 2024, ha generado una fuerte controversia en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Este cobro, que busca recaudar 2,39 billones de pesos para financiar el proyecto vial «Circunvalar de la Prosperidad», impactará a más de 66.000 predios en la región, incluyendo sectores de alto valor en Cartagena como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Uno de los principales líderes en manifestar su rechazo ha sido Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, quien destacó el impacto negativo que este cobro tendrá sobre los propietarios de inmuebles. “Desde la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, hemos estado atentos a este cobro de valorización, que inicialmente proyectaba una recaudación de $724.544 millones de pesos, pero que ahora se ha disparado a 2,39 billones. Esto no solo afectará económicamente a miles de propietarios, sino que también disminuye la capacidad de pago para futuras contribuciones locales de valorización, restringiendo el desarrollo de la ciudad y afectando el principio de descentralización”, afirmó Rico. Rico también señaló la incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados, comentando que “desde el Ministerio de Transporte se ha mencionado que el dinero no se invertirá directamente en Cartagena o en la zona de influencia definida por la resolución. Esto genera una gran preocupación en las comunidades afectadas, ya que no hay garantías jurídicas de que los recursos se utilicen en beneficio directo de quienes están obligados a contribuir”. Por su parte, Federico de la Rosa, presidente de la JAC de Manga, mostró una postura igualmente crítica frente al cobro. “El impacto de esta contribución será muy negativo para muchos propietarios de Manga, un barrio que no se beneficia directamente de la Vía del Mar. Además, este cobro llega en un momento en el que los residentes ya enfrentan una actualización catastral desbordada, con incrementos de hasta el 200% en el impuesto predial. Ahora nos imponen esta nueva contribución, lo que es inaceptable”, subrayó. De la Rosa también mencionó que las juntas de acción comunal de varios barrios de la ciudad, agrupados en la UCG1, apoyarán las demandas interpuestas por el Consejo Gremial de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para frenar el cobro. Jesús Puello, presidente de la JAC de Castillogrande, fue aún más contundente en su rechazo al cobro de valorización, calificándolo de “caprichoso e ilegal”. Según Puello, el área de influencia definida para el cobro no tiene justificación técnica clara, ya que Castillogrande no se encuentra dentro de los 5 kilómetros desde el eje de la vía, lo que tradicionalmente se considera como zona de influencia para este tipo de contribuciones. “Nos quieren imponer un doble cobro. Cuando se construyó el tramo correspondiente a Bolívar en la vía Cartagena-Barranquilla, ya se realizó un cobro de valorización. Ahora pretenden hacerlo de nuevo, lo cual es arbitrario e injustificado”, señaló Puello. Además, Puello advirtió que el verdadero motivo del cobro parece estar relacionado con el valor de los inmuebles en barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. “Nos están imponiendo este cobro porque nuestros barrios tienen propiedades de alto valor catastral. Es evidente que buscan recaudar el mayor monto posible, sin tener en cuenta que muchos de estos propietarios no se benefician en lo más mínimo de la obra”, agregó. En este contexto, las JAC de varios barrios de Cartagena y Barranquilla, junto con los gremios empresariales de la región, han interpuesto demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando detener la aplicación de la Resolución 3856. El Consejo Gremial de Bolívar y el Intergremial del Atlántico han liderado estas acciones legales, argumentando que el cobro no solo es inconstitucional, sino que también representa una carga desproporcionada para los propietarios de predios en las zonas afectadas. Mientras tanto, las comunidades afectadas han anunciado protestas y plantones en rechazo a lo que consideran un cobro injusto y mal fundamentado. “No nos vamos a quedar callados. Seguiremos luchando contra esta medida a nivel jurídico, político y social hasta que se haga justicia”, concluyó De la Rosa.

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