En abandono por parte de la administración distrital se encuentran 250 familias que habitaban los edificios ilegales que fueron construidos por el clan de los Quiroz.
Javier Doria, representante de las víctimas, manifestó que han pasado varias semanas desde que estas personas fueron desalojadas.
El desalojo se dio por cuenta de una orden judicial de una juez de control de garantías y no hay pronunciamientos por parte de las entidades responsables de este asunto.
Subsidios para las familias
Asegura Doria, que a estas familias se les debería cancelar un subsidio de arriendo y respetarles el derecho de arriendo a una vivienda digna.
El distrito no ha cumplido debidamente.
“Varias familias dejaron sus viviendas y tomaron otros apartamentos en arriendo y no han podido cumplir con sus arrendadores en la medida en que el distrito tampoco les ha cumplido con el pago del subsidio que ordenó la juez”,
-Javier Doria
Caso de abandono
La situación y el problema tiene que ver con los edificios que ya fueron objeto de segundos estudios estructurales por parte de la Universidad Nacional.
El estudio indica que estas edificaciones están en riesgo de colapso y ante esta situación la administración ha evadido también su responsabilidad.
“Lo que observamos es que el distrito le ha sacado el cuerpo y ha evadido la obligación que tiene de socializar directamente con las víctimas el alcance que tiene el análisis técnico de la Universidad Nacional”
-Doria.
Los edificios están en riesgo de colapso y no se han tomado medidas para proteger la vida de las personas y de los colindantes de estos edificios.
“Lo que preocupa aquí es que el distrito no ha hecho absolutamente nada. Se siguen comprometiendo a largo plazo para pagar arriendos pero no hay un compromiso de fondo para indemnizar a estas familias directamente”, defensor de las familias.
También existen otras edificaciones y otras familias en abandono que se mantienen a la espera del segundo estudio de la Universidad Nacional y están habitados los apartamentos que están en riesgo de colapso.
“El riesgo de este segundo grupo de personas no se ha medido y es una situación realmente grave. La administración tiene que tomar cartas en este asunto porque allí están en riesgo las vidas de estas personas”
