El cantautor, productor musical y empresario dominicano Juan Luis Guerra podría regresar a Cartagena de Indias para celebrar los 492 años de su fundación. El alcalde Dumek Turbay expresó su deseo de que el reconocido artista sea la estrella principal de un gran concierto gratuito. “Para el cumpleaños de la ciudad, que debe convertirse en una gran fiesta, y aunque hay polémica sobre la fecha, quiero ofrecerle a toda la ciudad un concierto gratuito con un artista como Juan Luis Guerra, por ejemplo, el 1 de junio”, indicó Turbay Paz. En un conservatorio con El Universal, el mandatario destacó su intención de traer a Cartagena a los mejores artistas el próximo año. “Lo que estamos proponiendo es que, en el año 2025, los mejores artistas del mundo visiten Cartagena. Es una apuesta. Algunos serán promovidos por la Alcaldía, para posicionar el nombre de la ciudad, y otros contarán con el respaldo de empresarios privados”, añadió. Si bien el alcalde no brindó detalles adicionales sobre el lugar del concierto del dominicano, dejó abierta la expectativa sobre este posible evento.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.