Economía en cuidados intensivos

Por José Patrón 

Los datos macroeconómicos y en especial los indicadores de empleo muestran ya indicios de lo que parece ser recesión más profunda que ha conocido el país en las últimas generaciones, pudiendo incluso superar la crisis de 1998. La tasa de desempleo alcanzó un nivel de 19,9% para el total nacional, 7,7 puntos porcentuales mayor con respecto a marzo de 2020. Por su parte, la tasa de ocupación cayó 11,5 relativo al mes anterior, alcanzando un nivel de 41,3%, siendo la cifra más baja de la que se tiene registro en las series históricas desde 2001, siendo de especial gravedad en las economías de las familias de ingresos bajos o cuya fuente de ingreso reposa en un solo miembro.

Las medidas tomadas en virtud de la pandemia a escala global, han derivado en una fuerte contracción por el lado de la demanda interna y externa poniendo en riesgo la viabilidad de empresas y puestos de trabajo, esto ha generado un choque sistémico por el lado de la capacidad de consumo de las familias y en la dinámica de producción de gran parte de la cadena empresarial de país, casi todos los sectores económicos se encuentran en riesgo, salvo contadas excepciones tales como: el sector farmacéutico, de venta de alimentos y bienes de primera necesidad.

Un indicador claro en el freno por el lado de la demanda, es la cifra de la inflación en el país, se puede evidenciar que se registraba un buen desempeño de la demanda, ya que durante el primer trimestre de 2020 la inflación anual presentó una tendencia creciente, llegando a ubicarse en 3,86% en marzo de 2020, registrando un alza de 0,24 y 0,14 puntos con respecto a enero y febrero de 2020, respectivamente; posteriormente y ya entradas las medidas de prevención en virtud de la pandemia, esta tendencia empezó a revertirse y la inflación se ubicó en 2,19% en junio de 2020.

Debemos de destacar que adicional al incipiente aumento del crecimiento económico, uno de los principales factores que incidieron en la inflación durante el primer trimestre de 2020 se dio principalmente al comportamiento de la inflación de alimentos y al aumento de algunas categorías propias de la estacionalidad de cada mes, como el caso de la educación en febrero.

Para el mes junio de 2020 los indicadores de precios continuaron con su tendencia a la baja, alcanzando una cifra anual de 2,19% y una inflación mensual de -0,38% (Gráfico 6). En este mes, solo dos sectores de gasto presentaron variaciones positivas (salud y bebidas alcohólicas y tabaco), mientras que nueve de los dice sectores evaluados registraron índices en negativo, el rubro que más contribuyó a la inflación mensual a la baja de junio fue alojamiento y servicios públicos, presentando una contribución mensual negativa de 17 puntos básicos.  Para la muestra un botón: cuando usted querido amigo, sale a la calle fácilmente puede apreciar a los comerciantes, restauranteros y demás oferentes de servicios, anunciando descuentos, saldos y todo tipo de rebaja a fin de poder dar salida sus inventarios e intentar cubrir los gastos fijos en un intento desesperado por sobrevivir.

Como anota Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, se resumir que la dinámica de los precios tiene dos etapas: pre COVID-19 y COVID-19. El primer trimestre la fase pre COVID-19, en donde el aumento de la inflación durante los primeros meses del respondió a un incipiente dinamismo en el crecimiento económico y en la dinámica propia de cada mes, con la excepción del fuerte repunte del mes de marzo donde la inflación alcanzó un 3,86%, donde el país empezó a sentir las primeras envestidas de la pandemia y sus consecuenciales efectos económicos. Posteriormente, en el segundo trimestre del año, ya con un impacto total en la economía del COVID-19, la inflación experimenta una desaceleración hasta llegar a una inflación anual de 2,19% en junio. Derivado de la baja demanda local, producto de la desaceleración económica y las medidas de confinamiento, sino también a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con el fin de hacer más accesibles los bienes y servicios esenciales para la población en el marco de la crisis.

Si por el lado de la demanda las cifras son calamitosas, por el lado de la actividad productiva y la oferta el panorama no es tampoco alentador, el índice de producción industrial (IPI) el mes de abril registró una caída anual de -29,6%, resultado que implica una reducción de 29,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, el volumen actual de pedidos de la industria para el mes mayo de registró un balance de -49,8%, lo que representa una disminución de 37,6 pps frente al mismo mes 2019, y a capacidad instalada el indicador de suficiencia en mayo presento un incremento de 11,1 pps frente al mismo mes de 2019, indicando una menor utilización de dicha capacidad. En pocas palabras, el aparato productivo no está trabajando en todo su potencial; lo cual conducirá a factores deflacionarios. Los ciudadanos de a pie, nos podemos dar cuenta lo indican los números, con un simple vistazo a los comercios cerrados, fabricas a media máquina, cierre de restaurantes, mercancía que no rota, instituciones educativas desoladas, aeropuertos sin operar, transportes a medio llenar, así como oficinas y locales comerciales   vacíos ofrecidos en arriendo.

Frente a esta difícil coyuntura que afecta a gran parte de la población colombiana, se requiere que en el país se discutan reformas económicas de calado tales como: una política por parte de Banco de la República de bajas tasas de interés que estimule el consumo, contratación formal por hora, eliminación de regímenes especiales de pensión, supresión de tramites inanes, rebaja de impuestos y medidas encaminadas a una mayor apertura de la economía nacional.

Para finalizar, la tan anhelada recuperación en V de la economía colombiana parecer ser cada día más distante, existe un consenso entre los analistas de calificadoras de riesgos y organismos multilaterales que esta reactivación podría tardar años, en virtud de las limitaciones fiscales que presenta Colombia; aunado a una economía cerrada y con alta rigidez regulatoria, por lo cual se necesita mucha audacia en materia de reformas económicas a fin de lograr pronto una mejora del aparato económico y el empleo.

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 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

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