Una nueva disputa enfrenta el Plan de Alimentación Escolar en Cartagena; esta vez, empresa contratista denuncia penalmente a un medio de comunicación “por presuntamente emitir información injuriosa y calumniosa”. Según la información publicada por la el medio, el ente acusador se encontraría investigando presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del PAE en Cartagena, que involucra a la empresa Unión Temporal Bienestar Colectivo. La publicación dice que el contrato, valorado en casi 38.5 mil millones de pesos, estaría bajo la lupa por posibles violaciones a la normativa de contratación pública y la gestión de las bodegas donde se almacenan los alimentos para los estudiantes pues las instalaciones aprobadas, no cumplirían con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos por la ley. Ante esto, la representante legal de UTBC Paola Lorduy Castro manifiesta que ninguno de los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que a la fecha 15 de noviembre, no se encuentra la organización que representa vinculada ningún proceso penal. Ante estos hechos, Unión Temporal Bienestar Colectivo decidió instaurar una denuncia por injuria y calumnia iniciando así la disputa legal por esclarecer los hechos.

En el marco de los esfuerzos para cumplir con la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2011, que ordena la restauración y protección ambiental del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, el director de Cardique, Ángelo Bacci, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para unir fuerzas y maximizar los impactos de las intervenciones en esta zona insular. “Estamos complacidos con los avances logrados hasta el momento, pero es crucial que exista una mejor coordinación entre el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Cartagena y todos los actores involucrados para ser más eficientes y eficaces en la restauración del archipiélago”, expresó Bacci. “Es prioritario que estos recursos naturales, que están siendo gravemente impactados, se unan a un proceso de recuperación integral”. Durante una reunión organizada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se discutieron los próximos pasos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, cuyo objetivo es recuperar el equilibrio ecológico y sostenible de este frágil ecosistema. En la reunión participaron diversas entidades con competencias en el área insular, así como representantes de las comunidades locales. La articulación entre las entidades y la comunidad ha sido bien recibida, según el director de Cardique. “Lo que buscamos es trabajar de la mano con las comunidades para que, junto con el Estado en pleno, podamos llevar a cabo las intervenciones más beneficiosas en sus territorios”, señaló Bacci, destacando la importancia de la participación comunitaria en el proceso de restauración ambiental. Así mismo, Francisco Castillo, asesor del despacho del alcalde para asuntos ambientales, recalcó que Cardique ha sido un socio estratégico en temas de autoridad y gobernanza en procesos como el Ecobloque. La sentencia del Consejo de Estado obliga a las autoridades a abordar las múltiples problemáticas ambientales que afectan al archipiélago, entre ellas la ocupación de bienes baldíos y su impacto negativo en las condiciones ambientales de las Islas del Rosario y San Bernardo. En la reunión se reafirmó el compromiso de todas las entidades para cumplir con las medidas necesarias que permitan la restauración y conservación de estos territorios insulares.