Los trabajos de demolición del edificio Aquarela, en Cartagena, continúan en desmonte piso por piso con un costo de $11.128 millones. Tras el inicio de obras en 2017, cuando fue autorizada la construcción de 31 pisos y años más tarde la advertencia de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el riesgo de quitar la categoría a la ciudad de Patrimonio Histórico; así se observa en la demolición de la torre, que inició el pasado mes de febrero, desde el mismo ángulo.   Pese a que esta decisión adoptada por la administración actual en cabeza del alcalde Dumek Turbay, dejaría de poner en vilo la categoría patrimonial; quienes tienen una inversión en este proyecto sostuvieron una reunión (la primera en siete años) marzo con el mandatario para sostener un diálogos. Lea también: Superintendencia interpuso millonaria multa a constructora de Aquarela Esta reunión fue llevada a cabo en el mes de marzo donde se conoce que acordaron otros encuentros de seguimiento a los avances del tema así como realizar acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda a fin de buscar posibles soluciones.

El Juzgado Catorce Penal de Cartagena ordenó a través de un fallo de tutela rectificar en un plazo de 48 horas las declaraciones realizadas por el veedor ciudadano, Ángel Mier Blanquicett, en contra del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tras proferir por medio de un video de WhatsApp afirmaciones que afectarían al buen nombre y a la honra del mandatario. En el video difundido por medio de esta plataforma de mensajería, Mier Blanquicett habría sugerido que la muerte de Jairo Javier Gil Rodríguez, miembro de la Asociación de Cocheros de Cartagena, estaría asociada al proyecto de transición de coche de tracción animal a coches eléctricos impulsado por la Alcaldía Mayor de Cartagena. Ante esto, Turbay declaró para El Universal que pese a estar expuesto a la crítica ciudadana como gobernante, no es legal que lo señalen de «matón»: «Como gobernante soy proclive del control político o de la crítica ciudadana, pues no somos perfectos y siempre habrá asignaturas pendientes que tenemos el ímpetu de resolver; sin embargo, no es justo, ni legal, ni está bien que me señalen de matón o que promuevo acciones criminales». Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano también estableció una demanda contra el mismo veedor por realizar en varias ocasiones declaraciones injuriosas en contra de su persona e implicando también en el homicidio de un miembro de la Asociación de cocheros de Cartagena. Sin embargo, la demanda interpuesta por el cabildante fue rechazada por el Juzgado Cuarto Penal. En el fallo, se señala que la decisión no fue impugnada y que el caso será remitido a la Corte Constitucional para que sea puesto a revisión.Imagen png extraída de El Universal.