Con respecto a el caso de los tres puntos del Real Cartagena y la Dimayor, esta semana el cuadro auriverde a más tardar el miércoles, recibiría la resolución que le hace falta al equipo. El encuentro de la fecha 10 el 11 de septiembre entre Real Cartagena y el Atlético FC, no se logró disputar completo, después de que se dieran cuenta de que el equipo visitante no presentaría un médico oficial, incumpliendo las normas del reglamento. Los heroicos presentaron su reclamo formal, solicitaron la victoria y entrega de los tres puntos, donde además iban ganando el partido 1-0 tras finalizar el primer tiempo. Las normas del reglamento aclaran que es suficiente razón para declarar a un equipo perdedor por no presentar al médico oficial. Luego de que el equipo reciba los tres puntos que le pertenecen ante su partido con Atlético (3-0), se colocaría segundo con 25 puntos y tendría la misma diferencia de goles (+11) que el líder, el Unión Magdalena lidera la tabla por encima del Real por goles a favor (20 del ciclón vs. 18 de los heroicos).

La primera Cumbre Social por la Paz en Bolívar, celebrada el 11 de diciembre en el Palacio de la Proclamación de Cartagena, marcó un hito importante en los esfuerzos por consolidar la paz en el departamento. Organizada por la Gobernación de Bolívar y el Consejo Departamental de Paz, el evento reunió a actores clave de la sociedad civil, víctimas del conflicto armado, y autoridades locales, con un enfoque en la construcción colectiva de la paz. La cumbre estuvo compuesta por paneles como “Hablemos de paz total” y “Conflicto armado en Bolívar”, espacios en los que se abordaron las dificultades y retos en la implementación de los acuerdos de paz. Durante su intervención, José Ardila, firmante y consejero de paz, subrayó la urgencia de que tanto los gobiernos nacional como departamental tomen medidas concretas para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. “Es vital que se avance en la implementación de los acuerdos para eliminar las barreras que propician el conflicto, especialmente en las zonas rurales”, afirmó Ardila. Iván Sanes, Secretario de Paz, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la colaboración entre las diferentes instituciones del Estado para erradicar el miedo y la zozobra que aún persisten en los territorios más apartados. “La paz solo será posible con un esfuerzo conjunto, en el que todos los sectores trabajen hacia el mismo fin: garantizar la seguridad y los derechos de todos”, comentó Sanes. La Consejera de Paz, Stephanny Galeano, destacó que este tipo de espacios son fundamentales para impulsar la construcción de paz desde una perspectiva inclusiva. Según Galeano, el Consejo Departamental de Paz está comprometido con estrategias que promuevan la reconciliación y el entendimiento entre las comunidades afectadas por la violencia. “La paz no es solo un compromiso de los gobiernos, sino de todos los ciudadanos”, recalcó. Con la participación activa de líderes comunitarios, funcionarios públicos, académicos y estudiantes, la cumbre dejó claro que la construcción de la paz en Bolívar es un proceso que requiere el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Este evento se posiciona como un primer paso significativo para avanzar en la reconciliación y en la construcción de una paz sostenible en la región.

En Bolívar, la creciente preocupación por las altas tarifas de energía eléctrica ha desatado protestas y quejas entre los ciudadanos, especialmente en municipios como Arjona, cercano a Cartagena. La comunidad local ha manifestado su descontento con las facturas elevadas, que van desde cien mil hasta un millón de pesos, y en algunos casos, cobros exorbitantes que alcanzan hasta 30 millones de pesos. La Personería Municipal de Arjona ha solicitado una revisión urgente de la fórmula tarifaria de energía eléctrica por parte del Gobierno, la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG. El problema ha llegado a tal punto que los bolivarenses se enfrentan a un dilema entre pagar las facturas de energía o satisfacer necesidades básicas. El diputado Jorge Rodríguez ha destacado la urgencia de desarrollar políticas públicas que fomenten el uso de energías renovables para reducir significativamente los costos del servicio y permitir a los ciudadanos priorizar su alimentación. La secretaria de Minas y Energía del departamento, Enilse Rodríguez Rodríguez, ha subrayado que la situación actual ha convertido la energía en una necesidad crítica. La administración local enfrenta gastos mensuales de hasta 600 millones de pesos en el Hospital Universitario y 170 millones en la Gobernación, lo que representa una carga financiera considerable. Rodríguez ha anunciado planes para implementar proyectos de energía renovable, incluyendo paneles solares y granjas eólicas, con el objetivo de reducir costos y redistribuir los ahorros en otras áreas esenciales. En Bolívar, se considera que la transición hacia una matriz energética sostenible no solo es viable, sino necesaria, dado el potencial del departamento para generar energía renovable. El corregimiento de Galerazamba, en Santa Catalina, se perfila como un punto clave para futuros proyectos de energía eólica. Este llamado a la acción refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de reformar el sistema energético del departamento para garantizar una oferta de energía accesible y sostenible para todos los bolivarenses