En una humilde casa de madera en el barrio La Candelaria, frente a la Perimetral de Cartagena, vive una familia que lo ha resistido todo. Allí habita Lucía*, una madre con un corazón indestructible, junto a sus hijos Daniela* (18), Mariana* (16), Samuel* (14)… y la pequeña nieta Alison*, de tan solo un año. Una familia desplazada, sobreviviente, ignorada. Una familia que es el reflejo vivo del dolor silenciado de miles de cartageneros. Esta historia comenzó cuando un día de esos sales a repartir un pequeño mercado para que quizás alguien que tiene su almuerzo embolatado pueda solucionarlo. Lo que no sabías ese día era que estabas entrando en el corazón mismo de una lucha diaria por la dignidad. Una lucha que no tiene cámaras ni likes, pero sí lágrimas, hambre, y una fuerza que no se puede explicar con palabras. Lucía llegó a Cartagena huyendo del maltrato y del abandono. Empezó desde cero: sin casa, sin dinero, sin apoyo. Vendiendo pescado, reciclando, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para que sus hijos no se durmieran con el estómago vacío. Mariana, de apenas 16 años, se convirtió sin querer en testigo del sufrimiento de su madre y en sostén de la familia. Hoy trabaja por 10 mil pesos diarios solo tres veces a la semana y guarda parte de su almuerzo para llevarlo a casa. Su rostro desafiante esconde una niña cansada, que nunca ha tenido la oportunidad de soñar. “Yo no tengo para ayudarla, porque la pobreza fue lo que nos tocó. No tengo nada para ofrecerle, solo mi amor”, dijo Mariana, refiriéndose a su mamá Lucía, con una madurez que no le pertenece a su edad, pero sí al peso que ha tenido que cargar. Solo Daniela y Mariana han dejado de estudiar. “¿Para qué?”, se preguntan, si lo único que ven a su alrededor es más pobreza, más abandono. El más pequeño, Samuel, todavía está matriculado en el colegio, pero ya no puede asistir. No hay para sus útiles escolares, ni para sus zapatos, ni para su uniforme. Solo hay un techo de madera, una madre que lo da todo y un entorno que parece no darles nada. Esta no es una historia de lástima. Es una llamada urgente a la empatía. Porque la familia Moreno Rivas* no es la excepción, es la regla oculta en cientos de barrios de Cartagena. Hay niñas que no tienen infancia, niños que no tienen ropa, madres que no tienen descanso. No porque no quieran estudiar, trabajar o salir adelante, sino porque simplemente no pueden. Porque viven en una ciudad que todavía voltea la cara ante el dolor ajeno. Y lo más grave no es la pobreza. Es la costumbre. Nos estamos acostumbrando a ver a nuestros hermanos en la miseria como si fuera algo normal. Pero no lo es. No puede serlo. No debe serlo. Hoy, esta historia nos sacude y nos recuerda que la verdadera Cartagena no es solo la que sale en postales turísticas. La verdadera Cartagena también está hecha de tablas y barro, de lluvias que mojan colchones, de niños descalzos que buscan algo para comer. Y allí, justo allí, es donde más necesitamos estar. La familia Moreno Rivas no pide caridad. Merecen dignidad. No piden oportunidades porque hasta eso sienten que han perdido. Ellos merecen que tú, que estás leyendo esta columna, te levantes y les des la mano. Tal vez, si nosotros nos atrevemos a mirar más allá de nuestra comodidad, podremos empezar a cambiar historias como la suya. Porque mientras haya un niño sin futuro, todos estamos fallando. Columna de opinión por Iván Sanes. *Los nombres utilizados en esta historia han sido modificados para proteger la identidad de sus protagonistas en esta historia real. * Esta columna no representa conceptos, posturas, ni opiniones del periódico.

Hoy en día, es común escuchar historias de amigos y familiares que han sido contactados por bancos, operadores telefónicos o plataformas de crédito, exigiendo el pago de deudas que nunca contrajeron. Al investigar, descubren que tienen créditos, líneas telefónicas o productos a su nombre sin saber quién los suplantó. Probablemente han sido víctimas de un delito informático sin siquiera darse cuenta. Los delitos informáticos implican actividades ilegales que se realizan a través de sistemas y redes informáticas, como la violación de datos personales, transferencias no autorizadas y el uso de software malicioso. Estos delitos, regulados por la Ley 1273 de 2009, pueden conllevar penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos.  Son muy comunes en casos de suplantación de identidad y fraude bancario, donde los delincuentes obtienen información personal a través de phishing (correo electronicos falsos para engañar a personas), hacking( acceso no autorizado a sistemas), ingeniería social ( manipulación psicológica para obtener información confidencial) y sim swapping (duplicación de sim card), para acceder a cuentas bancarias, realizar transacciones fraudulentas y solicitar créditos a nombre de la víctima. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de alguno de estos delitos? En el proceso penal colombiano, las víctimas de delitos informáticos enfrentan múltiples desafíos, su papel es crucial, ya que tienen derecho a ser escuchadas y a participar activamente en todas las etapas del proceso. Sin embargo, la falta de conocimiento técnico y la complejidad de estos delitos pueden dificultar la comprensión de los hechos y la presentación de pruebas. En caso de ser víctimas, es fundamental recopilar toda la información posible, como correos electrónicos, registros de transacciones y cualquier comunicación sospechosa. Además, se debe denunciar el delito a las autoridades competentes y buscar asesoría legal especializada. Lo anterior, permitirá solicitar el restablecimiento de sus derechos, la normalización del estado financiero en las centrales de riesgo y la cancelación de cualquier producto o crédito resultante de un fraude o suplantación. Transición digital en el panorama actual: Basta con decir que, la protección contra delitos informáticos es fundamental tanto para personas naturales como para empresas. En un mundo donde la digitalización es la norma, estar informado y protegido contra estas amenazas puede prevenir pérdidas económicas, daños a la reputación y la exposición de datos sensibles.  Las empresas deben implementar políticas de seguridad robustas y capacitaciones continuas para sus empleados, mientras que los individuos deben adoptar prácticas seguras en línea, como el uso de contraseñas fuertes y la verificación en dos pasos. Protegerse adecuadamente no solo garantiza la integridad de la información, sino que también fortalece la confianza en el entorno digital.