En 1905, el empresario Belisario Díaz estableció la primera sala de cine de la ciudad en la abandonada Iglesia de la Veracruz, frente al Camellón de los Mártires. Díaz alquiló el local a Bernardo Porto, quien era propietario del templo. La sala tenía un diseño circular de madera, similar al de la Serrezuela. El telón, hecho de liencillo, era tan traslúcido que permitía ver lo que ocurría detrás. Los asistentes al palco entraban por el Camellón y pagaban 20 centavos, mientras que aquellos que optaban por la galería ingresaban por la Calle Larga y compraban su entrada a 10 centavos, pero debían ver la película al revés, lo que originó a especialistas en leer subtítulos en esta posición. Las funciones se realizaban los martes, jueves y sábados, y una banda «chupacobre» anunciaba los espectáculos tocando desde la Plaza de los Coches hasta la entrada del teatro, continuando con música en los intermedios de las funciones. Un incendio en el depósito de películas, donde hoy se ubica el Banco de la República, llevó a la renuncia de Díaz. Posteriormente, Variedades fue administrado por los hermanos Di Doménico y Rafael Pinzón Riveros, quien destacó por convertir el teatro en un importante espacio para el cine, la música y el boxeo. Fotos. A quien corresponda.Fuente: Apuntes Cartagena

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.