La Gobernación de Bolívar y la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (Juanfe) han firmado una importante alianza con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente y brindar apoyo integral a las jóvenes madres del departamento. Este acuerdo, anunciado el 7 de octubre de 2024 en Cartagena, busca beneficiar a 250 adolescentes de los municipios de Cartagena, Turbaco, Turbana y Arjona, proporcionando herramientas para que continúen con sus estudios y mejoren su calidad de vida. El gobernador Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de esta alianza como un paso crucial para transformar la vida de las adolescentes bolivarenses. “Con esta alianza reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de nuestras jóvenes. Queremos ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan seguir adelante, superar los desafíos y mejorar su calidad de vida”, señaló Arana, subrayando que la educación y la formación son pilares clave para el desarrollo de estas jóvenes. Angélica Salas, Primera Gestora Social de Bolívar, explicó que el modelo implementado, denominado “Formación 360”, abarca tanto el apoyo a las adolescentes que ya han sido madres como la prevención del embarazo adolescente en general. Este programa incluirá activaciones en instituciones educativas y una cobertura virtual para llegar a todo el departamento. Según Salas, esta iniciativa será fundamental para extender la prevención a municipios rurales y urbanos marginados del sur de Bolívar. Por su parte, Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, destacó la importancia de ampliar el alcance de los programas de la fundación, que atiende a 1.600 madres adolescentes por semestre. “Gracias a esta alianza, podremos asegurar que más jóvenes tengan acceso a los recursos y la formación que transformarán sus vidas”, afirmó Escobar, añadiendo que la prevención es clave para romper el ciclo de vulnerabilidad en el que muchas de estas adolescentes se encuentran. En un acto de compromiso, el gobernador Arana anunció que cinco jóvenes madres tendrán la oportunidad de trabajar en la Gobernación antes de finalizar el 2024, y que al menos 30 más se sumarán al mercado laboral en esta entidad durante el resto de su mandato. Esta alianza representa un esfuerzo conjunto para construir un futuro más prometedor para las adolescentes bolivarenses, a través de la educación y el apoyo integral.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.