El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.

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El Colegio Biffi, uno de los primeros colégios de mujeres en Cartagena fue la Academia del Bello Sexo bajo la dirección de la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, es una institución con profundas raíces históricas y educativas en Cartagena. Su fundación se remonta a la iniciativa de Santa María Bernarda y al ilustre Monseñor Eugenio Biffi, obispo de Cartagena, quien falleció en 1896. Su legado inspiró la creación de este colegio, que abrió sus puertas en 1898 gracias al esfuerzo del reverendo Monseñor Adán Brioschi. En un contexto donde la educación femenina era escasa, el Colegio Biffi surgió como respuesta a la necesidad de formar a la clase social dirigente de la época. Durante sus primeros años, la institución operó en la Obrapía, un antiguo hospital de mujeres, y rápidamente ganó reconocimiento, contando con 115 alumnas alrededor de 1910 bajo la dirección de la reverenda María Gabriela. El currículo inicial incluía asignaturas como castellano, aritmética, religión e idiomas, formando a las alumnas en un entorno que promovía no solo la instrucción académica, sino también valores morales y éticos. Con el tiempo, el colegio se trasladó a su actual sede en el barrio Providencia en 1952, donde ha continuado su misión educativa. A lo largo de su historia, el Colegio Biffi ha evolucionado, volviéndose mixto. Además, alberga el santuario y museo de Santa María Bernarda, quien fue beatificada por Juan Pablo II en 1995 y canonizada por Benedicto XVI en 2008, consolidando aún más su legado en la educación y la fe.

Una nueva disputa enfrenta el Plan de Alimentación Escolar en Cartagena; esta vez, empresa contratista denuncia penalmente a un medio de comunicación “por presuntamente emitir información injuriosa y calumniosa”. Según la información publicada por la el medio, el ente acusador se encontraría investigando presuntas irregularidades en la ejecución del contrato del PAE en Cartagena, que involucra a la empresa Unión Temporal Bienestar Colectivo. La publicación dice que el contrato, valorado en casi 38.5 mil millones de pesos, estaría bajo la lupa por posibles violaciones a la normativa de contratación pública y la gestión de las bodegas donde se almacenan los alimentos para los estudiantes pues las instalaciones aprobadas, no cumplirían con los requisitos de seguridad sanitaria exigidos por la ley. Ante esto, la representante legal de UTBC Paola Lorduy Castro manifiesta que ninguno de los hechos denunciados han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía y que a la fecha 15 de noviembre, no se encuentra la organización que representa vinculada ningún proceso penal. Ante estos hechos, Unión Temporal Bienestar Colectivo decidió instaurar una denuncia por injuria y calumnia iniciando así la disputa legal por esclarecer los hechos.