En las últimas horas, comenzó a circular a través de redes sociales la historia de una mujer, identificada como Daisy Link, que asegura que, durante su estancia en prisión, quedó embarazada sin tener contacto directo con un hombre; expresando que todo habría sucedido a través de un aire acondicionado del centro penitenciario. Luego de que la mujer diese luz a una niña el pasado mes de julio, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo Link, que se encuentra en una prisión de Miami por matar a su esposo, resultó quedando embarazada, por lo que le realizaron una pruebas de ADN que confirmaron que el padre era un recluso del recinto carcelario .El progenitor de la niña fue identificado como Joan Depaz. Que, al parecer, mantenía conversaciones con Link a través de los conductos de aire acondicionado de esta cárcel, hasta que un día, tomaron la decisión de convertirse en padres, por lo que el hombre de 23 años optó por comenzar a enviarle sus fluidos a través de estos canales. «Nunca lo he conocido. Nunca lo he conocido. Es una locura (…) Al estar aislado durante tanto tiempo empiezas a pasar horas y horas hablando con esa persona, hasta el punto en que es casi como si estuvieras en la misma habitación que ella», dijo Link en diálogo con Miami News de cómo se dieron las cosas en prisión.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.