A inicios de 2023, se registraron 27 muertos en accidentes aéreos de la fuerza pública en Colombia. El más reciente fue el helicóptero de la Fuerza Aérea en Vichada, en el que dejó 8 tripulantes fallecidos. En 2024 han sido cuatro accidentes reportados, el 5 de febrero, donde un helicóptero Black Hawk del ejército, en Inguía, Chocó, se accidentó, dejando tres muertos y un herido, luego el 23 de febrero, otro helicóptero Black Hawk, de la Policía Nacional, terminó en la muerte de cuatro personas. El 29 de abril, de este mismo año un helicóptero Mi17 del Ejército cayó en una zona boscosa de Santa Rosa del Sur, Bolívar, provocando cinco muertes. Las Fuerzas Militares mencionan que estos accidentes de 2024 seguirán bajo investigaciones para determinar cuáles fueron las causas exactas.

El cuadro heroico se enfrenta al Real Santander de visita por la fecha 13 del Torneo BetPlay. El equipo viaja sin Cristian Flórez tras la expulsión sufrida en el reciente encuentro contra Leones. El equipo ha mostrado su mejor versión, haciéndole falta sus mejores estrellas como Marrugo, Teo y Ángulo, sin embargo, desde la llegada del nuevo técnico Mario Sebastián Viera, la mentalidad y forma del equipo tuvo un impulso muy notorio. El encuentro entre Real Santander y Real Cartagena por la jornada 13 del Torneo BetPlay se jugará hoy a las 3:15 p.m. en el Estadio Villa Concha de Santander. Ya resuelto el caso de los puntos del partido ante Atlético, que fue suspendido porque el equipo vallecaucano no logró llevar un médico al Jaime Morón León, Real Cartagena se posiciona en este partido en la segunda posición, con 25 puntos, mientras que el Unión Magdalena se posiciona primero en la tabla. El equipo heroico ya se encuentra clasificado para jugar sus cuadrangulares, pero ahora está en busca del punto invisible, el cual pueda ayudarlo en la siguiente fase del torneo. Hay garra y lucha por la cual el equipo auriverde aumente el ritmo, la reclasificación también es importante, y el equipo está cada vez más cerca del ascenso.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha suspendido varios de sus programas clave en Colombia, afectando directamente iniciativas de paz y seguridad en el país. Esta decisión ha generado una gran preocupación sobre el futuro de proyectos vitales que han estado financiados por la agencia durante años, especialmente aquellos enfocados en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y en la lucha contra el narcotráfico. La suspensión de los fondos de USAID se ha producido en el contexto de una reevaluación de las políticas de cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos. A pesar de los logros obtenidos en años recientes, como la disminución de cultivos ilícitos y avances en la reintegración de excombatientes, USAID ha decidido centrarse en nuevas prioridades internacionales, lo que ha derivado en una reducción drástica de la ayuda asignada a Colombia. Esta decisión también responde a la reestructuración interna de la agencia y los cortes presupuestarios impulsados por las políticas del gobierno estadounidense en cuanto a la asignación de recursos para la cooperación exterior. La suspensión de estos fondos ha generado fuertes críticas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Líderes de ONGs y organizaciones de derechos humanos califican esta medida de “irresponsable”, advirtiendo sobre las graves consecuencias para las comunidades vulnerables. Se teme que la falta de financiación intensifique los problemas de violencia y el narcotráfico en Colombia, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El gobierno colombiano enfrenta ahora el desafío de buscar alternativas para financiar estos programas y mitigar los efectos de la suspensión de USAID. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando soluciones urgentes que garanticen la continuidad de los proyectos esenciales para su desarrollo, seguridad y bienestar. USAID había invertido alrededor de $453 millones anuales en Colombia en programas de desarrollo, paz y seguridad. Este apoyo representaba una parte fundamental de los esfuerzos para la implementación del acuerdo de paz, la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento institucional en las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico.