Uber anunció oficialmente la llegada de su servicio Uber Taxi a Cartagena, completando así 12 ciudades en Colombia con esta modalidad, de las 18 en las que opera la plataforma en el país. La integración busca unir la tecnología con el servicio tradicional de transporte, ofreciendo nuevas oportunidades económicas para los taxistas y un estándar más alto de movilidad para los usuarios. Según explicó Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber para la región andina, Cartagena representa un mercado clave por su alta afluencia turística. Desde el lanzamiento de la aplicación en la ciudad, se han movilizado más de 1,7 millones de pasajeros, de los cuales el 56 % son turistas nacionales o extranjeros. Con Uber Taxi, los conductores podrán acceder a esta demanda creciente, reduciendo hasta en un 40 % los tiempos muertos y mejorando sus ingresos. El 84 % de los taxistas vinculados a la plataforma asegura que su servicio se ha fortalecido gracias a esta herramienta. La seguridad también ocupa un lugar central en la propuesta. Los usuarios pueden identificar al conductor y el vehículo antes de iniciar el viaje, conocer la tarifa exacta, compartir la ruta en tiempo real y acceder a un botón de emergencia conectado al 123. Además, la aplicación emplea inteligencia artificial y un equipo humano especializado para atender reportes y anomalías, con más de 40 funcionalidades de seguridad activas en la región. Para las mujeres conductoras, Uber ha diseñado opciones exclusivas como «Ellas» o She Drives en otros países, aunque en Colombia su implementación aún es parcial. El modelo de integración con los taxistas, desarrollado en alianza con Taxi Express desde 2021, ha permitido que más de 25 mil conductores hagan parte de la aplicación. En ciudades como Bogotá, uno de cada tres taxistas ya utiliza Uber Taxi, lo que demuestra un cambio en la relación entre el gremio y las plataformas digitales. Según datos de la compañía, el 80 % de los conductores que han incrementado sus ingresos invierten en educación, pago de deudas y ahorro, evidenciando un impacto positivo más allá del servicio de transporte. Con este lanzamiento en Cartagena, Uber refuerza su estrategia de diversificar opciones de movilidad y consolidar un ecosistema donde lo digital y lo tradicional se integren, aportando tanto al turismo como a la población local, bajo un esquema que prioriza la seguridad y la eficiencia.

La Corte Constitucional anuló este jueves una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, correspondientes a una estampilla que fue recaudada en el año 2006. El fallo, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, pone fin a un proceso judicial que había mantenido en vilo la estabilidad financiera de la institución educativa. El litigio se originó cuando Ecopetrol solicitó el reembolso de esos recursos, alegando irregularidades en el cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte determinó que el caso presentaba aspectos constitucionales relevantes, entre ellos la protección del debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios fundamentales que se vieron comprometidos en el desarrollo de la disputa. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el fallo judicial, destacando la importancia de la decisión para los estudiantes de la región. “Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la resolución como “la mejor noticia” para el claustro universitario. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, agregó. La sentencia de la Corte Constitucional subraya que el proceso estuvo marcado por una indebida valoración probatoria y por la posible existencia de decisiones ejecutoriadas que ya habían determinado el destino de los recursos. De esta manera, la universidad no tendrá que hacer el pago solicitado por Ecopetrol, lo que garantiza la continuidad de sus proyectos académicos y sociales sin el peso de la millonaria deuda.