El lío de Albert Alfaro, asegura la contraloría y denunció en la fiscalía la secretaria de hacienda, es que ordenó pagar unas pensiones que ya se habían pagado y, que la Alcaldía de Cartagena para quien trabaja Albert, había presentado el material que espera que el juzgado valore como prueba irrefutable en su favor dentro del proceso.

Otra de las denuncias que hizo la contraloría es que, dentro de las personas beneficiadas hay varios fallecidos y no se encuentra adjunto ningún poder dirigido por los fallecidos o de sus herederos, ni al director del fondo, ni a la tesorera, Anays Muñoz Avendaño, que autoriza la entrega en vía administrativa de los dineros.

En el concepto de un abogado administrativista que consulté para este tema, “debió constituirse una sucesión procesal para que los herederos pudieran cobrar el dinero de la pensión, porque igualmente todo está en nombre del fallecido y debió hacerse la sucesión para que los herederos reclamaran el derecho y la contraloría dice que tampoco hubo tal trámite”, dijo el abogado.

En la denuncia radicada en la fiscalía por la secretaria de hacienda, Sibila Carreño, asegura que, “si se verifica, los únicos poderes existentes fueron conferidos por los demandantes al abogado Silfredo Mendoza Valdez para dar inicio al proceso ordinario laboral. Poderes que, por supuesto, fueron dirigidos al juez laboral y tenían como finalidad dar al togado las facultados suficientes para concurrir a dicho proceso. No para hacer reclamaciones administrativas en nombre de ellos ni muchos menos, ante el Fondo Territorial de Pensiones”.

Revela en su denuncia Sibila Carreño que para que el fondo de pensiones pagara los 4 mil millones de pesos, además hubo un cambio “sorprendente” de apoderado, el abogado Alfredo Ramirez Tapia “recibió el poder, de acuerdo con una nota de presentación personal el 30 de octubre de 2017, presentó la solicitud de pago el 8 de noviembre de la misma anualidad dando para el pago su número de cuenta, se notificó de la resolución 8922 del 4 de diciembre de 2017 el mismo día que fue proferida y el 12 de enero de 2018 quien actúa en el proceso para solicitar la terminación del mismo, es el abogado Silfredo Mendoza Valdez, lo que indica que el fugaz paso del togado Alfredo Ramirez Tapia tenía un objetivo muy preciso”, relata la denuncia.

El director del Fondo de Pensiones Albert Alfaro en su comunicado, insistió que “cabe precisar que si bien fallecieron 8 de los beneficiarios de la sentencia, su deceso se produjo con posterioridad a la ejecutoria de la misma y esta situación no termina con un proceso laboral ni con el poder otorgado a su apoderado y no implica la inexistencia ni el desconocimiento de las condenas efectuadas contra el distrito de Cartagena. Además, no resulta cierto que las condenas se pagaron a los pensionados fallecidos, ya que algunas de estas pensiones fueron sustituidas a sus beneficiarios y/o sustitutas, y las condenas judiciales fueron pagadas a los abogados de los demandantes sin que existiera revocatoria de poderes por parte de los beneficiarios, sustitutas o herederos de los pensionados”.

A esta situación del pago a personas fallecidas, la secretaria Sibila argumenta en su denuncia que si las personas habían fallecido, no tenían forma alguna de entregar un poder para que se realizara dicho cobro, y la contraloría dice que no existe sucesión procesal que sería la forma en la que los herederos hubieren podido otorgar poder a los abogados para el cobro.

Siguiendo con el comunicado de Alfaro, asegura que para dar trámite “convocó una mesa de trabajo en las oficinas de la secretaría de hacienda distrital, que se cumplió el 15 de diciembre de 2017, donde se acordó entre el director del fondo territorial de pensiones, la dirección financiera de presupuesto, la tesorera distrital y la secretaria de hacienda distrital, dar cumplimiento a estas obligaciones judiciales en aras de no incurrir en un detrimento patrimonial mayor para la entidad”.

Sin embargo, la secretaria Sibila Carreño dijo: “es falso que me haya reunido alguna vez con el director del fondo de pensiones, en las únicas reuniones que hemos estado son en los consejos de gobierno, y si hay actas donde haya estado yo en una reunión con él, que las demuestre”.

Además, asegura la secretaria que no autorizó ningún pago, tal como lo dijo el director del fondo de pensiones, porque desde su cargo no interviene en ninguna parte de los procesos de pago, debido a que no está dentro de sus funciones, y se enteró del cuestionado pago con el informe de la contraloría. En la denuncia Carreño describió qué sucedió después de que se había recibido la petición del abogado Alfredo Ramirez Tapia del 8 de noviembre de 2017; y esta coincide con lo que aseguró el contralor Freddy Quintero para Noticias Uno: “Para pagar los 4 mil millones, la tesorería distrital solicitó un préstamo al año siguiente, al 2018, creando una unidad de caja para pagarle a los pensionados porque no tenían plata en el mes de diciembre para asumir los costos de la nómina”.

La secretaria de hacienda denunció que “con discurso de urgencia”, el director del fondo de pensiones remitió al doctor Luis Cano Sedán, Director Financiero de Presupuesto dos oficios uno el 15 noviembre y otro el 30 de noviembre de 2017, insistiendo en la necesidad de que se le asigne mayores recursos al fondo, en texto de la denuncia, testifica que los oficios dicen que: “…se ha recibido notificación de un fallo contra el distrito de Cartagena…”.

Sin embargo, a la fecha de hoy, aseguran el contralor y la secretaria de hacienda, el proceso no ha concluido y desde el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena donde cursa trámite el proceso, no ha sido proferido fallo alguno que condene al distrito a hacer el pago, lo cual es verificable, por lo que la secretaria Sibila Carreño narra en el documento radicado en la fiscalía que: “para poder justificar la disponibilidad de los recursos, recurrió a consignar una mentira en un documento público. Lo que tipifica muy claramente el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público. Esta Falsedad Ideológica se utilizó para disponer de unos recursos que a la postre constituyeron un flagrante Peculado por Apropiación”.

La secretaria Sibila Carreño está denunciando que no existe la orden judicial que aseguró el director del Fondo de Pensiones Albert Alfaro recibió notificación, que antes de que él ordenara el pago de los 4 mil millones de pesos, el distrito había presentado las pruebas para demostrar que el pago si fue efectuado (ver nota en https://bolivarense.com/el-lio-de-albert-alfaro-distrito-habia-presentado-pruebas-de-que-ya-habia-pagado-las-pensiones-y-el-ordeno-volver-a-pagar/) y, que el dinero lo recibió un abogado que de ninguna manera ha podido obtener poder para efectuar el cobro administrativo, porque los demandantes fallecieron y, la contraloría no encontró sucesión procesal ni poder de ninguno de los herederos, dirigido al director del fondo ni a la tesorera para que cancelara el cobro administrativo al abogado que recibió el pago, para lo que citó en la denuncia el artículo 2 de la resolución 8922 del 4 de diciembre de 2017, con la cual Albert Alfaro ordena el pago.

El abogado consultado aseguró que: “el abogado y el doctor Albert Alfaro confunden poder judicial que es para representar en un proceso, con el poder para entregar o descontar del salario o de acreencias laborales en vía administrativa, son dos cosas distintas”.

Finalmente, Sibila Carreño manifestó sentirse defraudada “si efectivamente hubo una irregularidad en ese pago, la secretaría de hacienda, el distrito y los ciudadanos fuimos defraudados porque partimos del hecho de que esa resolución era legal y si todos los entes de control hacen su trabajo y determinan que hubo irregularidades en ese pago, tenemos todos que actuar y pedimos que se llegue hasta el final de esta situación y se conozca la verdad, porque los recursos públicos son sagrados”, dijo la secretaria.

* Por Armando Monterrosa Ruiz