Lo que debía ser el primer día de descanso para decenas de turistas en el reconocido Hotel Decameron Barú, terminó convirtiéndose en una jornada de incertidumbre y sorpresa. Hacia las primeras horas de la mañana, el suministro de energía eléctrica fue suspendido sin previo aviso, afectando a los huéspedes que esperaban el pronto restablecimiento del servicio. Sin embargo, con el pasar de las horas, fue el propio personal de aseo del hotel quien informó a los visitantes que la luz no volvería, ya que el servicio había sido cortado. Esta explicación causó sorpresa e incredulidad entre los turistas, muchos de ellos nacionales e internacionales, que esperaban disfrutar de sus vacaciones en uno de los destinos más promocionados del país. Ante lo ocurrido, El Bolivarense se comunicó con la empresa Afinia, responsable del servicio de energía en la región, y confirmó que el corte fue realizado debido a una deuda acumulada que supera los 1.400 millones de pesos por parte del establecimiento. La empresa también indicó que, como parte de su plan de recuperación de cartera, esta semana continuarán los cortes de servicio a otros hostales y alojamientos turísticos que presenten altos niveles de morosidad.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.