Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó que el ajuste al presupuesto de la Contraloría Distrital para 2025 responde a hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y aseguró que el control fiscal en la ciudad no está en riesgo. “El control fiscal en Cartagena no está en riesgo, y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa iría en contravía de nuestra visión de gobierno. Este ajuste se hizo cumpliendo con nuestra obligación hacia el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, señaló el mandatario. Además, Turbay negó que esta medida tenga la intención de debilitar a los entes de control, subrayando: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma”. El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la Alcaldía al Concejo Distrital, incluye una reducción en los recursos asignados a la Contraloría Distrital, pasando de 11 mil millones a 8 mil millones de pesos. Este recorte ha generado preocupación entre los funcionarios de la entidad, quienes protestaron durante la clausura del tercer periodo de sesiones del Concejo. Desde la Contraloría Distrital afirman que la medida podría limitar su operatividad y afectar a más de 90 empleados directos, además de contratistas. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la modificación es un ajuste necesario tras identificar irregularidades en la asignación presupuestal en años anteriores. Según un informe de la CGR, la Contraloría Distrital superó el límite de gasto permitido por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010 en los últimos tres años. Este exceso fue atribuido a errores de cálculo que datan de 2010 y que provocaron un aumento desproporcionado en los presupuestos de años posteriores. El alcalde destacó que el ajuste no busca debilitar a la Contraloría, sino garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y cumplimos con la orden del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos del Distrito”, expresó.