En la versión 23 del Congreso Cooperativo: Concretar, Integrar, Actuar se busca visibilizar el trabajo realizado por las cooperativas en Colombia y su impacto en términos económicos y sociales, para así potenciarlo a través de diversos mecanismos, desde las políticas públicas, hasta las iniciativas que surjan de las propias cooperativas, consultando de manera participativa con los asistentes, las propuestas y las reformas normativas, institucionales, organizativas y estructurales que, a su juicio, corresponden con un movimiento cooperativo que está pensando en el futuro del país. El presidente ejecutivo de Confecoop, Dr. Carlos Acero Sánchez, afirmó que “en este 23 Congreso Nacional Cooperativo, vamos a pasar del discurso a los hechos. En el CNCOOP 2024, figuras con alto impacto en incidencia y opinión, representantes del Gobierno Nacional, directivos del movimiento cooperativo, representantes de organismos de cooperación internacional y de las entidades cooperativas, se reunirán para avanzar en la consolidación de este Sistema y para suscribir los acuedos que establecen las acciones concretas que atiendan a las necesidades del sector y de la población colombiana, así como diseñar una hoja de ruta que permita a las cooperativas fortalecer su accionar en los territorios. Durante los dos días se encuentra una muestra empresarial que podrán recorrer los asistentes, quienes desde las diferentes regiones del país reciben todo el cariño y aprecio por medio de los portafolios empresariales exhibidos. Congreso que se desarrolla en estos momentos en el Centro de Convenciones de Cartage

En la madrugada del domingo 15 de diciembre, tres presos se fugaron de la estación del municipio de Magangué, por lo que la Policía Nacional se encuentra indagando el hecho para determinar las causas en tiempo, modo y lugar. De momento, la información preliminar apunta a que los sujetos utilizaron una segueta para cortar las varillas que cubren el techo de ese recinto. Asimismo, la Policía estableció que la fuga se habría dado a eso de las 5:45 am y que una vez se evidenció la huida por parte de los delincuentes se activó un protocolo de «plan candado», en el que se desplegó personal humano y herramientas tecnológicas para dar con la ubicación de los fugitivos. “Es importante informar que se coordinó con la Fiscalía General de la Nación y con nuestro grupo de disciplina y penal militar para determinar si en este delito de fuga de presos hay alguna mala conducta por parte de alguno de nuestros funcionarios”, explicó Alejandro Reyes, comandante de la Policía en Bolívar. Los tres hombres que burlaron el sistema de seguridad de este centro carcelario fueron identificados Pablo Emilio Caro Rivera, Ruan Emilio Posso Durango y Deivis Cabrales Campo, de 61, 31 y 37 años respectivamente. En su haber, se registran anotaciones judiciales relacionadas con delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, concierto para delinquir y extorsión. La Policía de Bolívar puso a disposición de la ciudadanía el número, 3203053057, para quienes mantengan información que ayude a dar con el paradero de los sujetos.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.

El pasado miércoles 4 de diciembre la Gobernación de Bolívar estrenó la pavimentación de la segunda calle de la urbanización Emmanuel, la cual es la primera obra entregada por el programa de Construcción de Obras Motivadas por la Participación Integral (COMPI). La intervención realizada en esta calle, que tal y como se muestra en las imágenes, se encontraba totalmente «destapada», contó con una inversión total de $180 millones. Recursos con los que se pavimentaron 176 metros lineales de vía con concreto rígido. De cara al 2025, el gobernador Bolívar, Yamil Arana, anuncio que durante los primeros días de enero se realizará la intervención de 500 metros lineales de la calle conocida como Las Promesas, la cual adoptará otro nombre una vez sea entregada la obra.