En Cartagena, entre los medios de transportes tradicionales, normalmente operados en barrios como Manga, son los Bicitaxis. Alrededor de todo este tema, se ha desatado una controversia entre la regulación o no de este medio de transporte. Por su parte, los habitantes del barrio Manga ven nula la opción de que circule este tipo de medio de transporte de tracción humana en su jurisdicción. «Nuestra posición es muy concreta respecto al bicitaxismo, no aceptamos transportes no regulados en las vías de Manga», señaló Federico De La Rosa Echavez. Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de los cartageneros, se refirió al tema, de la siguiente manera: «El Ministerio de Transporte expidió la resolución mediante la cual se homologan los vehículos para prestar este servicio, tanto los motorizados como los de pedaleo asistido”. Además, le hizo un llamado al Datt para que se ponga al frente de la situación. José Ricaurte, director del Datt, asimiló el llamado del alcalde y respondió diciendo: «Claro que sí, señor alcalde. Hoy mismo desde el Datt se ha definido responsables para que se inicie el proceso de caracterización de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Transporte”. MinTransporte ,mediante la resolución 20243040038565 autorizó la implementación formal del bicitaxi bajo regulaciones que garanticen la operación responsable. Lo primero es, que se homologuen y se registren en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que cumplan con todos los requerimientos técnicos y de seguridad establecidos. Para operar, los vehículos deben tener dimensiones de máximo, 1.200 mm, en altura no deben sobrepasar los 1.900 mm y en longitud máxima de 2.500mm. Con todo esto regulado, se podrá comenzar la operación legal de este cotidiano medio de transporte. Fuente: El Universal.

Los camioneros en Colombia anunciaron que realizarán un paro indefinido gracias a que se va a ver un aumento en el precio del ACPM, Jorge Ignacio García González, Presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, habló de su preocupación ante unos posibles tres incrementos en el precio del ACPM, ya para este año y el próximo semestre. García González Dirigente subrayó que «los costos operativos de los transportadores se volverían insostenibles con estos aumentos, lo que haría inviable el servicio de transporte de carga en todo el país». Por lo tanto, criticó el incumplimiento de la palabra del ministro de hacienda Ricardo Bonilla de tratar este asunto con el presidente Gustavo Petro antes de dar estas decisiones sobre los precios. El sector de los camioneros empieza a atravesar una situación económica muy complicada, debido a la falta de ajustes también en los pagos de fletes, lo que los ha arrastrado a una situación crítica, José Ignacio García González, dirigente del gremio, entabló un diálogo urgente con el gobierno haciéndoles una advertencia que, si no hay marcha atrás con la decisión, una paralización en el sector podría traer muchas consecuencias para la economía de la nación, dañando la distribución de mercancías en el país. Esta huelga lo que ha generado es preocupación en los empresarios y consumidores, a quienes les ayuda mucho el transporte para asegurar un buen suministro en todos sus productos.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.