La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos que involucra al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa. El contrato en cuestión tiene un valor superior a un billón de pesos.
Además del director, otros tres funcionarios, incluyendo al jefe de la Oficina de Sistemas suspendido provisionalmente, Carlos Martín Coy Rodríguez, están bajo escrutinio. La pesquisa se centra en posibles irregularidades en la expedición de una resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública, sin justificación jurídica o técnica aparente.
La Procuraduría busca determinar si la firma de esta resolución afectó los derechos jurídicos de la proponente Unión Temporal SENA 2.0 y si la entidad debió solicitar autorización para revocar el proceso.
Ante la suspensión provisional del jefe de Sistemas, la Procuraduría considera que es necesaria debido a su papel como ordenador del gasto y líder del proceso de selección, donde se cuestionan las garantías brindadas a la entidad y la comunidad beneficiaria del proyecto. El objetivo de la investigación es verificar la ocurrencia de la conducta del director general y determinar si constituye una falta disciplinaria o si actúo bajo una causal de exclusión de la responsabilidad.
