Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Turbaco, Myron Martinez

La procuraduría General de la Nación destituyó al alcalde de Turbaco, Myron Martinez Ramos por irregularidades en las obras realizadas en la sede de la Insititución Educativa El Docente. La obra tuvo un costo que superó los 1.500 millones de pesos.

La Procuraduría argumentó que se encontró un faltante de más de 260 millones de pesos del presupuesto destinado para las obras que no fueron devueltos por el contratista (ASOSINÚ), y que además los trabajos no fueron terminados. Por otra parte, el Ministerio Público estableció que las obras fueron recibidas por la administración del pueblo, sin ningún tipo de revisión con respecto a fallos en las conexiones eléctricas, e ignorando que el cielo raso no fue instalado en su totalidad, situación que pone en riesgo la vida de los estudiantes.

Por esos hechos,  el órgano de control también sancionó y suspendió por  un periodo de nueve meses a Yorleidis Marrugo, secretaria de Planeación del municipio en ese momento, y destituyó de su cargo al director Ejecutivo de ASOSINÚ, Germán Hernandez Oviedo.

El ministerio Público se refirió a estos actos como faltas gravísimas título de culpa gravísima, por lo que los sancionados no podrían aspirar a ningún cargo público.

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¡Pilas! Mañana hay cierres en el puente Jiménez y estas son las rutas recomendadas

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena ha anunciado que, con el objetivo de realizar trabajos de rehabilitación en la malla vial, se implementarán cierres en el puente Jiménez desde el miércoles 31 de julio hasta la madrugada del jueves 1 de agosto de 2024. El cierre parcial se realizará el 31 de julio a partir de las 10:00 a.m. en el carril Pie de la Popa-Manga, permitiendo solo el paso del transporte público colectivo hacia Manga. El carril Manga-Pie de la Popa permanecerá habilitado para el tránsito de vehículos. El cierre total comenzará a las 9:00 p.m. del 31 de julio y se extenderá hasta las 5:00 a.m. del 1 de agosto. Durante este periodo, los vehículos que necesiten ingresar o salir de Manga deberán circular por el Puente Las Palmas, Puente Román y Puente Bazurto. Estas medidas buscan facilitar la rehabilitación de las vías y mejorar la movilidad en la ciudad.

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UdeC dispone mil bicicletas para estudiantes que no cuentan con facilidad de transporte 

La Universidad de Cartagena, en una apuesta por el bienestar general de sus estudiantes, ha puesto a disposición de toda la comunidad estudiantil 1000 bicicletas con el fin de optimizar los desplazamientos hacia diferentes sedes de todo el estudiantado. Esto se debe al trabajo que se viene realizando desde la Vicerrectoría Académica a cargo de Miguel Camacho, quien con la recolección de la Estampilla Pro Universidad de Cartagena, han obtenido los recursos para proveer de este medio de transporte a estudiantes de esta alma mater para que así, puedan cumplir a cabalidad la carga académica de todo el semestre. “Uno de los aspectos más importantes, es que los estudiantes solo deben acercarse a la oficina de bienestar social, registrar sus datos y enseguida le entregan su bicicleta, la cual debe regresar al terminar el semestre, para su respectiva reparación general”, resaltó William Malkún, rector de la Universidad de Cartagena.  Asimismo, señaló la renovación de otras 300, siendo estas totalmente reparadas y también incluidas para el uso de todos los estudiantes. “Recientemente, se hizo una renovación de más de 300 bicicletas, y las mismas luego de ser reparadas y reconstruidas por U de C, le fueron obsequiadas a los mismos estudiantes que las tenían en forma permanente; convirtiéndose esta actividad en un valor agregado y una solución para los estudiantes en materia de transporte, en todas las sedes de Cartagena y en los 4 centros tutoriales de Bolívar, donde se presta el mismo servicio”, concluyó Malkún.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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“Ministro, las EPS se están burlando de la red pública (…) se avecina una crisis sin precedentes»: gobernador Yamil lanza S.O.S a MinSalud

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, alertó sobre la inminente crisis que podría sufrir el sistema de salud en el departamento debido a la crítica situación financiera que atraviesan los hospitales públicos. La drástica caída en los giros de las EPS durante los últimos tres meses ha generado una situación insostenible. El gobernador se dirigió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la Superintendencia Nacional de Salud, denunciando que el sistema de salud pública está al borde del colapso. “Las EPS se están burlando de la red pública”, afirmó Arana Padauí, y agregó que es urgente encontrar una solución para evitar una crisis sin precedentes. La situación actual ha generado serias limitaciones en los hospitales públicos, incluyendo falta de recursos para pagar salarios, adquirir insumos médicos y garantizar una atención adecuada a los pacientes.

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