Ante la Corte Suprema ha presentado un documento de 3 paginas el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en el cual anuncia a la alta corporación un presunto conflicto de interés existente por parte del actual Presidente Iván Duque en el nombramiento de un Fiscal Ad Hoc que reemplace a Nestor Humberto Martinez en la investigación que involucra a la transnacional brasileña Odebrecht.
«Según la información publicada en el portal Cuentas Claras, la campaña presidencial de Iván Duque declaró haber financiado parcialmente la primera y segunda vuelta a través de préstamos del Banco de Bogotá» señala el documento que además precisa que durante la primera parte de la contienda electoral el 58% de los ingresos de la campaña del presidente son dineros provenientes del Banco de Bogotá, y de la misma forma el 88% de los ingresos de la campaña en la segunda vuelta también pertenecen a esta entidad financiera.
Como es de conocimiento público Banco de Bogotá pertenece al grupo financiero denominado «Grupo Aval» del cual es propietario el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Al día de hoy, dicho grupo también se encuentra en el ojo del huracán al haber participado presuntamente en hechos de corrupción con la transnacional brasileña, es por esta razón que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción describe a la Corte Suprema que lo que existe actualmente es un «Tú me prestas y yo elijo a quien te investiga…».
Sin embargo, la carta va más allá y hace un duro señalamiento al presidente al cual acusa de querer garantizar la impunidad en el caso ya que según lo señala, hasta la fecha los ternados han sido expertos en derecho civil, derecho administrativo, laboral sin ninguna experiencia en Derecho Penal como lo requeriría el caso. «¡El fiscal Ad Hoc se estrenará en el mundo del derecho penal enfrentándose con abogados defensores curtidos a lo largo de varias décadas de experiencia profesional en la baranda y en los estrados judiciales!».
Finalmente el instituto le pide a la Corte Suprema que rechace la terna presentada por el Presidente y que sea la corporación judicial la que busque una salida a lo que han denominado como una crisis institucional, sugiriendo también que sea la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción que entregue una lista de 9 nombres en los que exista por lo menos 3 mujeres.
