Con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible de Cartagena y acelerar la transformación ecológica de la región, la empresa Veolia ha capacitado a 8.053 personas, entre niños y adultos, en buenas prácticas ambientales a través de su estrategia de responsabilidad social corporativa. Durante el último año, Veolia ha realizado 42 talleres de educación ambiental en los que se han abordado temas como la correcta separación de residuos, uso eficiente del agua y la energía, economía circular y presentación adecuada de los desechos. De esta cifra, 3.124 estudiantes de 8 instituciones educativas han sido formados como vigías ambientales, lo que refuerza el compromiso con las nuevas generaciones. Pedro Gutiérrez Bahoque, gerente de Veolia Cartagena, destacó que la educación ambiental es un eje fundamental en la estrategia de la empresa, ya que fomenta la conciencia ecológica desde edades tempranas. “Los niños y jóvenes que formamos serán los protectores del planeta y garantizarán un ambiente sostenible para las futuras generaciones”, afirmó. Estas actividades hacen parte de un enfoque más amplio que incluye el relacionamiento con grupos de interés y el apoyo a la operación, pilares que consolidan a Veolia como un actor clave en la construcción de territorios sostenibles. Además, la compañía facilita el diálogo con comunidades y promueve alianzas para implementar soluciones ambientales de largo plazo. Con presencia en los cinco continentes y más de 179.000 colaboradores, Veolia es líder mundial en la gestión de agua, residuos y energía. En Cartagena, su compromiso sigue firme con la descontaminación, descarbonización y regeneración de recursos naturales, elementos esenciales para una ciudad más verde y resiliente.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.