Un nuevo episodio de tensión política se presentó entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, a raíz de los cuestionamientos sobre la designación de interventores en el sector salud.
La controversia se desató luego de que el jefe de Estado afirmara públicamente que fue Sarabia quien entregó a la Superintendencia Nacional de Salud las hojas de vida de funcionarios que posteriormente habrían estado involucrados en irregularidades relacionadas con recursos del sistema. Petro aseguró que confió en esa información y que los nombramientos terminaron afectando el avance de la reforma a la salud.
Según el mandatario, los interventores designados no cumplieron el propósito de sanear las entidades intervenidas y, por el contrario, habrían aprovechado sus cargos para realizar negocios indebidos, situación que retrasó durante varios meses la intervención estatal y la agenda de transformación del sistema.
Frente a estas declaraciones, Laura Sarabia rechazó de manera categórica cualquier responsabilidad en dichos nombramientos. A través de un comunicado y mensajes en sus redes sociales, sostuvo que nunca participó en la selección de los interventores y que su actuación puede verificarse mediante registros documentales y conversaciones oficiales conocidas por el propio presidente y el ministro de Salud.
La disputa trascendió el ámbito político y llegó al terreno judicial. La defensa de la diplomática solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que se recopilen pruebas sobre el proceso de designación de los funcionarios cuestionados. Entre las peticiones se encuentra que el presidente Petro rinda declaración juramentada.
El propósito de estas diligencias es establecer quién proporcionó la información que Sarabia considera falsa y que dio origen a los señalamientos en su contra. Estas actuaciones se enmarcan dentro de una denuncia previa interpuesta por la embajadora por presuntos hechos de violencia política.
