El expresidente Gustavo Petro solicitó que la Corte Penal Internacional volviera a evaluar la situación de Colombia frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado. La decisión, que se conoció dos meses después, podría tener consecuencias para la justicia transicional y el actual Gobierno.
Una decisión tomada por Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026, último día de su mandato presidencial, volvió a poner bajo la atención internacional la situación de la justicia en Colombia. Según una investigación publicada por La Silla Vacía, el gobierno saliente presentó una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que revisara nuevamente los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado colombiano.
La actuación, que no había sido anunciada públicamente, se conoció después de que documentos de un procedimiento interno del tribunal internacional dejaran de ser confidenciales. En ellos se revela que el gobierno Petro argumentó que las circunstancias del país habían cambiado y que podrían existir dificultades para investigar, juzgar y sancionar adecuadamente determinadas violaciones de derechos humanos.
La solicitud no significa que la Corte Penal Internacional haya abierto una nueva investigación contra Colombia. Por el contrario, el trámite enfrenta una discusión jurídica sobre si existen razones suficientes para que el organismo vuelva a intervenir.
¿Qué delitos pidió revisar el gobierno Petro?
De acuerdo con la información revelada, la petición incluye posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, el desplazamiento forzado y la violencia sexual.
También menciona hechos de violencia contra firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y defensores de derechos humanos, situaciones que continúan siendo motivo de preocupación en distintas regiones del país.
El argumento central del gobierno saliente fue que podría existir un cambio importante en las condiciones que anteriormente permitieron a Colombia demostrar que sus propias instituciones podían investigar y sancionar estos delitos.
La Corte Penal Internacional ya había cerrado el examen preliminar
En 2021, la Fiscalía de la CPI cerró el examen preliminar sobre Colombia, después de 17 años de seguimiento. La decisión reconoció los esfuerzos nacionales para investigar los crímenes más graves, especialmente mediante el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, ese cierre no significó que el tribunal internacional perdiera definitivamente la posibilidad de intervenir.
Según La Silla Vacía, la solicitud presentada por Petro fue inicialmente desestimada por magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares, quienes consideraron que se apoyaba principalmente en riesgos futuros e hipótesis que todavía no se habían materializado.
Posteriormente, el fiscal encargado de la CPI, Mame Mandiaye Niang, cuestionó esa interpretación y presentó una apelación el 25 de septiembre, argumentando que debía examinarse con mayor profundidad la posibilidad de un cambio significativo en las circunstancias del país.
¿Cómo podría afectar al gobierno de Abelardo de la Espriella?
La revelación ocurre en medio de diferencias entre el Gobierno nacional y la JEP por propuestas relacionadas con su presupuesto y con la revisión de decisiones judiciales contra antiguos integrantes de la Fuerza Pública.
Según el análisis publicado por La Silla Vacía, una eventual reapertura del caso colombiano podría aumentar el escrutinio internacional sobre las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de justicia transicional.
No obstante, el escenario también plantea riesgos para la propia JEP, pues una investigación internacional podría poner bajo examen los avances, las demoras y la efectividad de las sanciones impuestas por ese tribunal.
¿Qué puede pasar ahora?
Por el momento, no existe una decisión definitiva de la Corte Penal Internacional que ordene abrir una nueva investigación sobre Colombia.
El siguiente paso dependerá del análisis jurídico que realicen las instancias competentes del tribunal frente a la solicitud y la apelación presentada por su Fiscalía.
El caso abre un nuevo debate sobre la capacidad de la justicia colombiana para responder a los crímenes del conflicto armado y sobre el papel que podría desempeñar nuevamente la CPI.
La principal pregunta es si la decisión de Petro terminará fortaleciendo la vigilancia internacional sobre los crímenes del conflicto o si, por el contrario, pondrá en duda los avances alcanzados por la justicia transicional colombiana.
