La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias (Unibac) llevará a cabo del 7 al 11 de octubre la décima versión de las Clínicas Instrumentales, un encuentro anual en el que se reúnen artistas, formadores, estudiantes, compositores, egresados y músicos profesionales para intercambiar conocimientos alrededor de la música. En su décima versión, las Clínicas de Unibac contarán con el respaldo de prestigiosas universidades nacionales e internacionales, un respaldo que se suma a la acreditación de Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación. Gracias al auspicio del Festival Internacional de Guitarra, el Museo Naval, el Colegio Salesiano San Pedro Claver, el Ministerio de las Culturas, las Artes y Saberes, el Hotel Delirio y la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena; 25 maestros, artistas y doctores en música estarán al frente de alrededor de 50 clases magistrales, 4 conferencias, 3 talleres y 8 conciertos que confirmarán la agenda académica de este evento.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.