Los últimos días de noviembre marcan el inicio de la negociación para definir el incremento del salario mínimo en Colombia, un tema que enfrenta a los empresarios, los líderes sindicales y al Gobierno Nacional en una mesa de concertación. El Ministerio de Hacienda desinfló las expectativas de un aumento grande, ya que (de manera extraoficial) puso un punto de arranque mucho más bajo que el del año pasado. Esta vez, el punto de partida para la discusión es de apenas 6,2 %, una cifra que para algunos trabajadores pueden resultar decepcionante. Así quedarían los costos laborales, según el aumento que se decida: Salario mínimo Si sube 6,2%, quedará en $ 1’380.000. Si sube 6,5%, quedará en $ 1’384.000. Si sube 10%, quedará en $ 1’430.000 Auxilio de transporte Si incrementa 6,2%, será de $ 172.044. Si incrementa 6,5%, será de $ 172.530. Si incrementa 10% %, será de $ 178.200 Pero como los empleadores deben responder por salud, pensión, prima, cesantías, vacaciones, entre otros, esto le costaría a una empresa cada uno de sus trabajadores en 2025: Si aumenta 6,2 %, $ 2’322.439 Si aumenta 6,5 %, $ 2’371.550 Si aumenta 10 % %, $ 2’450.870 En 2024, los costos totales por trabajador son de $ 2’228.064. Según anunció el Ministerio de Trabajo, Entre el 12 y 15 de diciembre se llevarán a cabo las mesas de concertación, en las que deberían llegar a acuerdos para sellar el incremento. Sin embargo, en caso de que no se logre, el Gobierno la establecerá por decreto el 30 de diciembre.

En un esfuerzo sostenido por fortalecer la cultura ciudadana y promover la sostenibilidad, Veolia Aseo Cartagena ha desarrollado durante los últimos dos años una estrategia de responsabilidad social corporativa que ha impactado de manera directa a más de 78.000 personas. La compañía ha ejecutado 89 talleres de manejo integral de residuos sólidos que beneficiaron a más de 3.000 personas, 107 actividades en instituciones educativas con la participación de más de 5.300 estudiantes, y 71 acciones de educación ambiental que alcanzaron a 9.225 ciudadanos. Además, se adelantaron 212 jornadas de sensibilización sobre horarios y frecuencia de recolección, separación en la fuente y disposición de escombros y podas, logrando llegar a 26.500 personas; 155 reuniones comunitarias que involucraron a 3.457 asistentes, y 34 jornadas integrales de atención al usuario con más de 11.300 beneficiarios. Entre los proyectos sociales destacados se encuentran la entrega de 1.000 kits escolares a igual número de niños y la creación de nueve ecotiendas en las que se intercambiaron más de 600 kilos de alimentos no perecederos por material aprovechable, favoreciendo a 1.258 personas. Las acciones ambientales incluyeron el retiro de más de 300 toneladas de residuos no compactables, la recuperación de 12 puntos críticos en beneficio de 4.550 personas y la realización de reciclatones que involucraron a más de 14.000 ciudadanos. En mayo de 2025, la empresa también reportó la capacitación de 8.053 cartageneros y 3.124 estudiantes, incluidos vigías ambientales, reforzando su compromiso con la formación de agentes de cambio. Con estas iniciativas, Veolia reafirma que la educación ambiental, acompañada de acciones concretas y participación comunitaria, es clave para construir una Cartagena más sostenible y consciente.

Sandra Ortiz, exconcejera presidencial, es mandada a la cárcel por estar involucrada en escándalo Ungrd Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, es enviada a la cárcel de Buen Pastor en Bogotá por entrega de coimas a Iván Name y Andrés Calle en el caso de la Ungrd. La decisión estuvo a cargo de la Jueza Tercera Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá. Según manifiesta el ente disciplinario, la exconcejera habría jugado un papel importante en el desfalco de los fondos que disponía Gestión de Riesgos para la comunidad indígena de La Guajira. Es de resaltar, que la defensa de Ortiz, en cabeza de Oswaldo Medina, indica que, la Fiscalía presionó para que la acusada firmara un principio de oportunidad y omitió la difícil situación emocional que pasaba la acusada.  «Acciones como esta no solo comprende a las personas involucradas sobre los hechos, sino que también la legitimidad de las más altas instituciones del Estado», afirmó delegado del ministerio público.