Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó que el ajuste al presupuesto de la Contraloría Distrital para 2025 responde a hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y aseguró que el control fiscal en la ciudad no está en riesgo. “El control fiscal en Cartagena no está en riesgo, y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa iría en contravía de nuestra visión de gobierno. Este ajuste se hizo cumpliendo con nuestra obligación hacia el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, señaló el mandatario. Además, Turbay negó que esta medida tenga la intención de debilitar a los entes de control, subrayando: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma”. El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la Alcaldía al Concejo Distrital, incluye una reducción en los recursos asignados a la Contraloría Distrital, pasando de 11 mil millones a 8 mil millones de pesos. Este recorte ha generado preocupación entre los funcionarios de la entidad, quienes protestaron durante la clausura del tercer periodo de sesiones del Concejo. Desde la Contraloría Distrital afirman que la medida podría limitar su operatividad y afectar a más de 90 empleados directos, además de contratistas. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la modificación es un ajuste necesario tras identificar irregularidades en la asignación presupuestal en años anteriores. Según un informe de la CGR, la Contraloría Distrital superó el límite de gasto permitido por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010 en los últimos tres años. Este exceso fue atribuido a errores de cálculo que datan de 2010 y que provocaron un aumento desproporcionado en los presupuestos de años posteriores. El alcalde destacó que el ajuste no busca debilitar a la Contraloría, sino garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y cumplimos con la orden del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos del Distrito”, expresó.