Nuevas oportunidades para la educación ambiental en Cartagena y Bolívar

La Educación Ambiental se enfoca en orientar a las personas en el mejoramiento de su relación con los recursos naturales y el entorno que los contienen, a través de una práctica constante y consciente. Con ella, es posible revertir conflictos socioambientales donde claramente hemos estado tanto en calidad de juez como parte; por tanto, esta disciplina es una de las más hermosas ya que contiene elementos de participación, de ensayo y error, de aprendizaje y éxito, al alcance de todos nosotros.

Es grato saber que, para el logro formal de las metas asociadas a proyectos de educación ambiental en el Departamento de Bolívar, los cuales acopian las acciones clásicas en escuelas y comunidades y en donde además merecen visibilidad los trabajos de muchos otros grupos sociales, se unen esfuerzos de las autoridades de turno para cumplir con la vigente y aún desactualizada Política Nacional de Educación Ambiental. La creación del Comité Técnico Interinstitucional, CIDEA, para el Distrito de Cartagena de Indias bajo decreto 1245 de noviembre de 2021 de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y del CIDEA para el Departamento de Bolívar mediante decreto 601 de julio de 2023 de la Gobernación de Bolívar, permitirán la expresión formal y respetuosa de todos los sectores en materia de generación de propuestas que conlleven al cambio necesario para nuestra adaptación a un cambio climático real, amén de otros factores asociados.

Teniendo legalmente creados estos dos importantes Comités y con el apoyo de los ministerios de Ambiente y Educación y las correspondientes secretarías, sus juntas directivas trabajarán por la reglamentación y el plan de acción a cuatro años. Este trabajo se debe hacer al tiempo de generar la suficiente sinergia para la obtención de un reconocimiento institucional y social: los CIDEA son comités tan importantes como cualquier otro que se reúne en un despacho, por ejemplo, cuando hay crisis u oportunidad: son los asesores técnicos y pedagógicos oficiales para que la Educación Ambiental se rediseñe a la altura de los nuevos contextos. Sinergia que debe permear la posición
ideológica de todas y todos los candidatos a las corporaciones públicas en esta etapa preelectoral, para que conozcan cómo se aplica la normatividad de la Educación Ambiental en los territorios y cómo debe impactar sus metas en los planes de desarrollo con inclusión activa y efectiva.

Con CIDEAS en operación, y participantes de los procesos de empalme a partir del mes de noviembre del año en curso, se puede soñar con la ejecución de las anheladas políticas distrital y departamental de Educación Ambiental, donde las partes interesadas podrán participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales de interés público, ordenamiento del territorio y elaboración de instrumentos políticos, tal como lo promulga el Acuerdo de Escazú ratificado en noviembre de 2022 como legislación nacional. Por último, y no menos importante, el presupuesto público vía Plan de Desarrollo 2024-2028 para todos los proyectos debe ser suficiente, real y de fuentes permanentes: la educación ambiental debe dejar de ser vista como algo sin importancia, o de escasa relevancia.

Adenda: se espera que estas nuevas dinámicas coadyuven la creación y consolidación de nuevos
comités en los municipios de Bolívar; así mismo, Mompox es un Distrito Especial que también
requiere la articulación formal de sus esfuerzos. Lo anterior, con base en el artículo 4° de la Ley 1549
de 2012.

Cartagena de Indias D.T. y C., julio 26 de 2023                                                                                                                              Por Bladimir Basabe Sánchez.

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“No hay artimañas contra la Contraloría Distrital, estamos eliminando un exceso de gastos detectado por la CGR”: Alcalde Dumek

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó que el ajuste al presupuesto de la Contraloría Distrital para 2025 responde a hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y aseguró que el control fiscal en la ciudad no está en riesgo. “El control fiscal en Cartagena no está en riesgo, y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa iría en contravía de nuestra visión de gobierno. Este ajuste se hizo cumpliendo con nuestra obligación hacia el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, señaló el mandatario. Además, Turbay negó que esta medida tenga la intención de debilitar a los entes de control, subrayando: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma”. El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la Alcaldía al Concejo Distrital, incluye una reducción en los recursos asignados a la Contraloría Distrital, pasando de 11 mil millones a 8 mil millones de pesos. Este recorte ha generado preocupación entre los funcionarios de la entidad, quienes protestaron durante la clausura del tercer periodo de sesiones del Concejo. Desde la Contraloría Distrital afirman que la medida podría limitar su operatividad y afectar a más de 90 empleados directos, además de contratistas. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la modificación es un ajuste necesario tras identificar irregularidades en la asignación presupuestal en años anteriores. Según un informe de la CGR, la Contraloría Distrital superó el límite de gasto permitido por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010 en los últimos tres años. Este exceso fue atribuido a errores de cálculo que datan de 2010 y que provocaron un aumento desproporcionado en los presupuestos de años posteriores. El alcalde destacó que el ajuste no busca debilitar a la Contraloría, sino garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y cumplimos con la orden del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos del Distrito”, expresó.

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¡Bajo la lupa! Procuraduría imputa cargos a exdirectores de la UNGRD

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, quien ocupó el cargo entre 2018 y 2022, y Javier Pava Sánchez, director de 2022 a 2023. Además, el subdirector de Manejo de Desastres, Ariel Enrique Zambrano Meza, quien ejerció entre 2020 y 2022, también enfrenta cargos. Estos cargos están relacionados con la inadecuada prevención y gestión de la emergencia causada por el colapso del jarillón ‘Caregato’ en la región de La Mojana, Bolívar. Antecedentes en la gestión de los exdirectores de la UNGRD El jarillón, una estructura crítica para la contención de aguas en la región, colapsó el 27 de agosto de 2021, provocando severas inundaciones que afectaron significativamente a la comunidad local, causando pérdidas materiales y daños a la infraestructura. La Procuraduría argumenta que desde abril de 2017, la UNGRD tenía conocimiento del alto riesgo de colapso del jarillón, pero no fue sino hasta marzo de 2021 que se solicitó la asignación de recursos para intervenir en la zona. Esta demora, según el organismo de control, refleja una falta de previsión y planificación adecuada por parte de los funcionarios.Además de la tardanza en la solicitud de recursos, la Procuraduría señaló que las medidas adoptadas para manejar la emergencia fueron insuficientes. No se contrataron las obras complementarias de dragado necesarias para garantizar la integridad y estabilidad de los trabajos de emergencia.Este incumplimiento resultó en una respuesta ineficaz e ineficiente a la crisis, exacerbando las consecuencias del desastre. Los contratos firmados para atender la emergencia tampoco consideraron adecuadamente la dimensión de las obras necesarias ni las condiciones meteorológicas de la época, lo que contribuyó a la insuficiencia de las medidas adoptadas. ¿Qué dice la procuraduría? La Procuraduría formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo, dos contra Zambrano Meza y uno contra Pava Sánchez, calificando sus acciones como faltas graves. “Ha habido una falta de planeación, de organización y de criterios claros frente a la organización y entrega de la contratación para efectos de Caregato. Hay pliego de cargos, incluso, para directores de gestión del riesgo de gobiernos anteriores (…) no puede ser solo hablar de corrupción, lo cual está bien, sino que hay que ejecutar también”, afirmó la procuradora Margarita Cabello. La investigación de la Procuraduría busca determinar si hubo negligencia o falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de los exdirectores y el subdirector de la UNGRD.

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KFC Colombia sigue creciendo en Cartagena y reafirma su compromiso con el desarrollo local

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Construirán un nuevo muelle para impulsar actividades ecoturísticas y deportes náuticos en ciudad de Colombia

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