La Contraloría General ha lanzado una preocupante advertencia sobre la posible terminación anticipada del contrato de concesión del Canal del Dique que podría acarrear un costo de hasta $350.000 millones al Estado, sin resultados tangibles en la restauración de los ecosistemas prometidos.
Esta situación, según el ente de control, surge de los nuevos requisitos legales, como licencias ambientales adicionales, consultas previas con comunidades y protocolos de recuperación, que complican la ejecución del proyecto.
El impacto no solo sería económico. Más de 1,5 millones de habitantes se verían gravemente afectados al quedar sin soluciones a problemas históricos como inundaciones, sedimentación excesiva y desabastecimiento de agua. Además, se perdería una inversión proyectada en $3,26 billones que promete transformar las condiciones ambientales y sociales de la región.
La Contraloría insiste en que el Ministerio de Ambiente, la ANI y el concesionario tienen la responsabilidad de buscar soluciones para evitar este desenlace. No se trata solo de dinero, sino del futuro de un territorio que clama por una gestión sostenible.











