Tras años de riesgo por la vulnerabilidad de enfrentar una inundación, el municipio de Soplaviento en Bolívar ahora garantiza que su dique funcione correctamente, ya que cuenta con una estructura de protección definitiva frente a posibles crecidas del Canal del Dique. Esta obra se enmarca dentro del proyecto nacional de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, impulsado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y tiene como objetivo mitigar el impacto de futuras temporadas invernales, como la vivida entre 2010 y 2011 con el fenómeno de La Niña, que dejó más de 120.000 damnificados en el país. El tramo intervenido fue El Chorro El Barbón, un punto crítico de 60 metros que presentaba alta probabilidad de inundación. Gracias a un riguroso seguimiento con tecnología LIDAR, inspecciones diarias y testigos topográficos, se construyó un muro reforzado con pilotes de 9 metros de profundidad, colocados a menos de un metro entre sí, complementados con geocontenedores y concreto estructural. Este sistema forma una barrera sólida para contener el avance del agua. Actualmente, la obra se encuentra finalizada y operativa, bajo el esquema de mantenimiento del concesionario asignado, quien debe realizar inspecciones visuales, monitoreo desde aire y tierra, y controles periódicos con drones para detectar posibles deformaciones Estas acciones garantizan que el dique siga funcionando correctamente en el tiempo y cumpla su propósito: proteger a la comunidad de Soplaviento frente a eventos extremos de inundación.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.