No hay ideología, rabia o necesidad que justifique el secuestro de un niño. No hay discurso que sirva como excusa. Quien toca a un niño rompe un pacto moral universal. Es cobardía disfrazada de poder.
El reciente caso en Jamundí, donde un niño fue raptado por hombres armados mientras jugaba en su casa, debería estremecernos. Aunque los hechos varíen, lo esencial permanece: los niños son sagrados. Nada justifica que se conviertan en blanco de adultos.
En Colombia, los niños siguen siendo víctimas invisibles de una guerra sin fin. Ya no basta con el reclutamiento forzado: ahora también se los secuestra frente a sus familias, como si fueran botín. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos?
El Derecho Internacional Humanitario, ratificado por Colombia, protege de forma especial a niñas y niños. Pero la realidad va por otro camino. Aquí seguimos: impunes, inertes, indiferentes.
No es un caso aislado. Es el reflejo de un país donde ser niño en zona rural es crecer con miedo. No podemos seguir aceptándolo. No podemos permitir que quienes cometen estos crímenes sigan hablando de “revolución” o “control territorial” mientras usan menores como herramientas de guerra.
Las leyes deben endurecerse. Sin beneficios ni contemplaciones. Quien atente contra un niño debe recibir el castigo más severo. Ninguna mesa de negociación debería ignorar a las víctimas más frágiles: nuestros niños.
Porque no hay crimen más ruin que el que se comete contra un menor. Y cuando un menor es raptado toda una nación debe ponerse de pie.
Columna de opinión por Iván Sanes.
* Esta columna no representa conceptos, posturas, ni opiniones del periódico.
