Por Jesús David Lara Pérez
El pasado 5 de diciembre se dieron a conocer los resultados de las elecciones a los Consejos de Juventudes, en las que jóvenes entre los 14 – 28 años elegían sus consejeros municipales, distritales y locales, los cuales serían los encargados de representarlos en los diferentes espacios de concertación de la agenda gubernamental de juventud.
A todas luces, los consejos representan la apertura de nuevos mecanismos de participación, concertación y control político de los jóvenes ante la institucionalidad. Frente a los resultados obtenidos, la discusión va más allá de la necesidad de incluir jóvenes en el espectro político, – porque es evidente que si lo es – y, más bien, se traslada a la utilidad y representatividad en términos de intereses.
La expectativa por los resultados estaba alimentada por diversos factores, especialmente, el movimiento juvenil y popular que, pese a los niveles contagios del COVID-19, se volcó a las calles el 28 de abril del presente año. La protesta social se convirtió en un hito nacional en el que los jóvenes fueron los protagonistas, y también los principales afectados por la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
La creciente indignación no solo radicaba en la negativa del gobierno de retirar una reforma tributaria regresiva – esta solo era la gota que rebosaba la copa – sino en un sin número de razones que se resumen en las pocas garantías con las que cuentan los colombianos para acceder a derechos fundamentales como la educación, salud, vivienda y trabajo digno.
Sin lugar a duda, el movimiento juvenil que se gestó en las calles consideraba que las barreras de acceso a educación y empleo formal eran cada vez más amplias. Este argumento es totalmente respaldado por las recientes estadísticas en materia social y económica, tendencia que ya se venía mostrando antes de la pandemia, pero que generó mayor alerta durante ésta.
La situación en las principales ciudades del país es casi parecida. Cartagena, por ejemplo, es una de las ciudades capitales que tiene en condición de pobreza monetaria a casi la mitad de su población. Otras variables sociales y económicas que están directamente relacionadas con el acceso a derechos fundamentales de los jóvenes muestran un panorama poco alentador, especialmente, en los temas de mayor incidencia: educación y mercado laboral.
En educación, de acuerdo con las cifras del Informe de Calidad de Vida (2021) de Cartagena Cómo Vamos, de 11.720 estudiantes de grado 11 en 2019, el 46% pudo ingresar a la educación superior, de estos el 60% está matriculado en una universidad privada. Lo que deja en evidencia la poca oferta educativa pública con la que cuenta la ciudad. Por su parte, en términos de vinculación al mercado laboral, según el Dane (2020), había más de 29 mil jóvenes desempleados, cifra récord en los últimos años y que casi duplica la registrada con respecto al año anterior.
Era evidente que existía una y mil razones para que una gran proporción de jóvenes saliera a las calles. Gracias a la presión mediática que ejercieron estos, se logró tumbar la reforma tributaria y la renuncia del ministro Carrasquilla. Sin embargo, quedó un sabor agridulce por aquellos que fueron víctimas de violencia por parte de la fuerza pública.
Más allá de todo lo acontecido, quedó demostrado que los jóvenes tienen la capacidad de incidir en las políticas públicas que los afectan. Por un momento, quedaba sin argumento la idea de que gran parte de ellos se mostraban apáticos frente a las decisiones gubernamentales, y que los niveles de abstención observados en épocas electorales iban a cambiar de forma sustancial. La base electoral juvenil un poco más “consciente” y con “sentido de pertenencia”, sería fundamental para las elecciones al congreso y presidencia que se aproximan.
Antes de dar paso a las elecciones del 2022, y justo en el momento exacto, se abrió la posibilidad de que los jóvenes demostraran democráticamente cuáles eran sus necesidades a través de los Consejos de Juventudes. Para este proceso electoral se contaba con una base electoral de 12.282.273 jóvenes entre los 14 y 28 años.
Frente a la coyuntura que se estaba viviendo, se esperaba que los niveles de participación en estas elecciones fueran lo suficientemente altos y representativos. Los resultados fueron totalmente desalentadores, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal. El nivel de participación nacional fue de 10,42%, alrededor de 1.279.961 jóvenes. En algunas ciudades del país, como Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali, los niveles de abstencionismo superan el 90%.
Esto demuestra que pese a todos los movimientos juveniles que se han venido conformando, las estrategias de pedagogía han sido muy débiles y de poco alcance, por ello se deben buscar mecanismos menos tradicionales para llegar a aquellos grupos poblacionales que tienen poco conocimiento acerca de cómo las decisiones democráticas inciden en el acceso a sus derechos fundamentales.
Muchos precandidatos al congreso y presidencia ya se han puesto en la tarea de usar mecanismos de alcance como las redes sociales, sin embargo, lamentablemente los que han tenido mayor alcance han sido aquellos de poca utilidad. Más bien, se han dedicado a hablar de temas triviales relacionados con su vida personal. Se trata de despertar en los jóvenes el sentido crítico por lo problemas que agobian el país, y que se abran debates de altura en los que se propongan diferentes alternativas de solución que transciendan las diversas ideologías políticas, que afín de cuentas lo que hacen es polarizar.
Sin duda alguna, estos mecanismos deben usados para explicar las diferentes propuestas que incluyen sus planes de gobiernos, y proponer debates no solo entre candidatos sino entre los diferentes grupos poblacionales que permitan establecer propuestas cada vez más realistas y alineadas a las necesidades del pueblo.
Otro dato importante que dejan estas elecciones es que la estructura de partidos que conformaran los consejos juventudes es muy similar a la que tenemos actualmente en el congreso, casi el 60% de los votos obtenidos fueron destinados a partidos políticos tradicionales. La lista es liderada por el partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, y el Centro Democrático.
A pesar de estos resultados, dentro del análisis no se puede llegar a inferir que los intereses de los jóvenes están representados dentro de los partidos tradicionales, porque es evidente que no han sido capaces de impulsar proyectos de ley que busquen soluciones de fondo ante la falta de oportunidad que padecen muchos. Lo realmente cierto es que las maquinarias políticas aún pueden aceitar elecciones, y como consecuencia de ello, con baja participación y alta abstención, estaremos representados durante los próximos años por ellos.
Hoy más que nunca la invitación es a que los jóvenes sean más conscientes de las problemáticas del país, y que la única forma de ser parte de la solución es a través de la participación política. Y, que recae una gran responsabilidad sobre cada uno de ellos no solo porque representan la mayor parte de la base electoral sino porque su voto será decisivo para su futuro y el de sus hijos.
