La nueva Ley de páramos aprobada por el Congreso de la República el pasado 27 de junio, dio un salto como proyecto piloto para proteger estos ecosistemas, pero tal parece que deja muchos vacíos y preocupaciones para los ambientalistas, Corporaciones Autónomas Regionales y para las Asaciones de Municipios de Páramos.
Páramos de Santurbán
Después de que llegó la contemplación de esta nueva Ley, la líder de Asomusanturban (Asociación de Municipios del Páramo Santurbán), Ivonne Gonzáles, indicó que la nueva Ley de Páramos deja sin empleo a más de 25 mil pobladores de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) que practican de forma legal la minería tradicional. La líder que además de indicar que la Ley es muy confusa, dijo que no pueden reubicar a los pobladores que han vivido por más de 400 años sin conocer bien el territorio.
“Va a extender la protección de los páramos a todos los ecosistemas de alta montaña, sin definir ni delimitar lo que es ‘alta montaña’. De tal manera de que, si por este ecosistema se entiende lo que está por debajo de la línea de páramo, es decir, lo que está entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hablamos de una ley que afecta las actividades de por lo menos 60 por ciento de la población del país” Señaló Ivonne González.
En respuesta a lo que reprocha la líder de Asomusanturban, el represéntate a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales, en una entrevista con el diario El Tiempo, dijo que “el proyecto no habla de eliminar las practicas sino de mejorar las técnicas para que estas sean más sostenibles”, sin embargo, es confuso determinar qué es en verdad lo que busca esta Ley y cuáles son las estrategias que ayudarán a ejecutarla, pues él mismo afirmó que el propósito de la nueva Ley de Páramos es que queden prohibidas las actividades de extracción de hidrocarburo en los 30 páramos ya delimitados.
Cabe recalcar que de los 37 páramos que tiene el país, sólo hay 30 páramos delimitados.
Según el artículo 4 de la Ley, la delimitación de los páramos es trabajo del Ministerio de Ambiente y la investigación para establecer los nuevos límites sólo se podrán fundamentar con el criterio científico de una entidad no gubernamental, en este caso el encargado será el Instituto Alexander Von Humboldt.
La preocupación de las CAR
Uno de los Artículos de la nueva de Ley de páramos preocupa a las Corporaciones Autónomas Regionales, el artículo 24, “porque no clarifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían, específicamente, a las CAR”. El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry, rechazó este artículo, pues manifiesta que esta modificación afecta los recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
“Considero que su contenido es vago, carece de eficacia jurídica y de sentido interpretativo; como quedó redactado pareciera que su propósito fuera desfinanciar las CAR que, a contrario sensu, necesitan recursos adicionales”, explicó Echeverry.
Al parecer los recursos que se destinan de las empresas de energías a las CAR actualmente, se harán de forma descentralizada y con recursos más reducidos, “los recursos que se destinan a las CAR serán transferidos al Fondo Ambiental (FONAM), se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual están dotadas las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales” explicaron en un comunicado Corpourabá, Cornare y Corantioquia.
A esto se le suma una denuncia que hace estas corporaciones la nueva Ley, pues esta no especifica el monto de las transferencias del sector eléctrico “así como también se deja a la interpretación si la transferencia la realiza directamente la generadora de energía al FONAM o a la CAR”.
Otras disputas
Otros de los temas cuestionados es el del artículo 26 que establece que el 90% de recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo Colombia en Paz (FCP), es decir, será un fondo que velará por la sostenibilidad ambiental y la proyección rural de las zonas afectadas por el conflicto, una decisión que le hace contra peso la Ley 1819 de 2016 que dice que el 100% de este tributo se destinaba a la protección ambiental.
La ambientalista Sandra Vilardy se preguntó: «¿terminaron los recursos para la adaptación al cambio climático y la restauración de ecosistemas subsidiando la implementación del Acuerdo de paz? Como dicen por ahí vendiendo el riñón para hacer la diálisis”, dijo la experta.
Es por eso que las autoridades ambientales piden al Gobierno Nacional que revisen la Ley de Páramos antes de ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
