«Quien se elige con mentiras no consigue gobernar con la verdad”

Por Álvaro Morales de León

“La ciudad necesita seriedad” fue la cantaleta con la que, por muchos años el barranquillero locutor y exgobernador del Atlántico, Ventura Díaz Mejía, todas las mañanas procuraba a través de su noticiero el cambio que para esa época requería “La Arenosa”, proclama que retomo para aplicársela a los que actualmente regentan la Universidad de Cartagena, “La Universidad necesita seriedad”.

Todo indica que en 1992, cuando de la mano de la autonomía universitaria del 91 llegó la Ley 30, o Ley de la Educación Superior, no sólo llegó a estas instituciones el cuestionado y novedoso método de poner sus rectores, sino que también, por la manera de ponerlos, llegó también la corrupción y la politiquería a muchas universidades, entre ellas, la de Cartagena.

Desde los inmemoriales tiempos que referencian a Platón, a italianos y árabes como los fundadores de las primeras universidades en el mundo todavía se tiene en el imaginario que estos centros de formación académica los son, precisamente, para la creación y formación de conocimientos universales, así como para el desarrollo de la disciplina y la inteligencia en procura de formar hombres y mujeres superiores por su cultura y por su capacidad.

La almendra del problema en las universidades de Colombia comienza con la elección de sus rectores que no es propiamente una elección directa sino una consulta o elección indirecta que a través del voto se hace a los tres estamentos universitarios, el estudiantado, los docentes y los administrativos, sobre cuyos resultados el Consejo Suprior de la Universidad escogerá como su rector a algunos de los candidatos que hayan superado el treinta por ciento de la votación.

Dentro de los cuestionamientos a este proceso está el del valor ponderado o diferenciado que se da a los votos consignados por cada uno de los tres estamentos universitarios, dándole a los votos estudiantiles un valor o participación del 40%, al de los profesores, del 50%, y al de los administrativos, del 10%, marcándose aquí un modelo eleccionario en desuso que aún, países como Estados Unidos, donde aún se practica, están pensando seriamente en cambiarlo.

La ponderación de los votos en la elección de rectores de universidad, es como si a los votos ciudadanos en una elección popular de alcaldes y gobernadores, o de miembros de Corporaciones Públicas se les asignara un valor ponderado de acuerdo al estrato socioeconómico.

El presupuesto de la Universidad de Cartagena, el segundo después del de la gobernación de Bolívar, y establecido para esta vigencia del 2022 en un monto cercano a los 400.000 millones de pesos parece ser el sustancioso atractivo para aspirar a la rectoría de este Alma Mater, y del cual dos rubros, los más importantes, el de gastos de personal y el de adquisición de bienes y servicios se llevan el 80% del mismo, sin incluir la gravosa contratación que se hace para silenciar a cierto estilo periodístico, y además, la contratación de la gruesa nómina de asesores jurídicos y consultores.

Todo este controvertido modelo de elección y administración universitaria aupado e intervenido por la politiquería local acompañado de la corruptela y todos sus vicios ha llevado a la cárcel, al suicidio y a procesos judiciales a todos sus rectores.

Por causa del caos administrativo, la politiquería y los hechos de corrupción que se denuncian y parecen ser reinantes en la Universidad de Cartagena esta Institución no ha sido últimamente el mejor modelo de producción y transferencia de conocimientos y tecnología en beneficio de la ciudad, el departamento o la región.

A mucha diferencia de lo que significa Universidad, en la de Cartagena los conocimientos y la intelectualidad, si es que los hay, se quedan encerrados en el Claustro, porque es esto lo que menos apasiona.

Finalmente, un clamor, en esta próxima consulta para la escogencia de rector de Universidad de Cartagena, así como para los nuevos administradores que se elijan, recordarles que “La Universidad necesita seriedad”.

*Columna de opinión. Las opiniones no representan los valores, conceptos y/o postura del periódico.