Representante a la cámara Montes de María
(Presidente de la comisión V)
Es necesario lograr consensos políticos para tener una nueva ley que garantice la
implementación de acuerdos restauradores y reparadores para las víctimas del conflicto
armado.
La Ley 1448 de 2011, también conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se
promulgó en el año 2012 con un propósito noble y urgente: restaurar la dignidad de quienes habían sufrido el despojo de sus tierras debido al conflicto armado interno en Colombia. Se nos prometió un camino hacia la justicia y la mejora de las condiciones socioeconómicas de las víctimas, un giro necesario en las políticas estatales donde las voces de los afectados cobrarían protagonismo.
Sin embargo, más de una década después de su implementación, la realidad nos muestra un panorama
desolador. Las metas de reparación y restitución que se plantearon inicialmente, hoy parecen meros
sueños inalcanzables. Según los informes de la Comisión de seguimiento y monitoreo de la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, si continuamos a este ritmo, pasarán de 55 a 70 años antes de que
el Estado cumpla con su deber de indemnizar a las víctimas. Esto es inaceptable.
Las excusas que se esgrimen para justificar esta inercia son numerosas: falta de coordinación entre
las instituciones gubernamentales, cálculos erróneos de cifras, y problemas estructurales en la propia
Ley de Víctimas. Pero, desde mi perspectiva, el error fundamental ha sido la falta de asignación
adecuada de recursos y la ausencia de una participación real de las víctimas en la definición de
objetivos y metas. Hay una desconexión palpable entre las necesidades reales de las víctimas del
conflicto y las medidas de reparación propuestas por el Gobierno.
«Hay una desconexión palpable entre las necesidades reales de las víctimas del conflicto y las medidas de reparación propuestas por el gobierno»
Es imperativo que repensemos el alcance de esta ley. Necesitamos una reparación que no se limite a
devolver a las víctimas a su estado anterior al conflicto, sino que les brinde la oportunidad de
reconstruir sus vidas y proyectos de manera efectiva. Esto debe incluir la participación vinculante de
las organizaciones de víctimas en la toma de decisiones.
El proyecto de ley presentado por las curules de paz en el Congreso de la República es una luz de
esperanza en medio de la oscuridad. Este proyecto refleja las expectativas y demandas legítimas de
las víctimas, así como las recomendaciones de quienes han estado monitoreando de cerca esta ley.
Introduce un innovador mecanismo de reparación llamado «acuerdo restaurativo,» que tiene en cuenta
los proyectos de vida individuales de las víctimas para adaptar los servicios de reparación de manera
más efectiva.
Es hora de que el Estado colombiano demuestre su compromiso real y su voluntad de actuar. Este
proyecto de ley no es un capricho; es una respuesta urgente a las necesidades de transformación en
los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto. Estas personas merecen soluciones
concretas y efectivas, y la sociedad colombiana debe presionar para que se hagan realidad.
